“En este país sólo hemos conocido un acto de esta magnitud con el caso Pinochet, donde se pasó 30 millones de dólares al Banco Riggs y no pudo ser sancionado porque falleció», sostuvo.
En el marco de la investigación de la Contraloría por el caso Minvu-Kodama, el jefe de bancada de los senadores DC, Andrés Zaldívar, señaló que “el alcance del dictamen del Contralor va más allá de lo que se ha dicho”, porque “aquí hay una cosa más grave y el Ministerio Público tiene que resolverlo”.
“Tras leer el informe, está claro que es mucho más grave que lo que se ha dicho por la prensa, porque el Contralor da las bases para demostrar que ha habido la intención de un delito frustrado. Ha habido tentativa de cometer un delito de cohecho y de malversación de fondos públicos y se han asociado”, sostuvo.
Además, Zaldívar aclaró que por lo mismo se podría llegar a determinar que “habría asociación ilícita entre los funcionarios de la confianza de la Ministra y los personeros de la empresa que consensuaron un procedimiento judicial para tratar de evadir el control de la Contraloría y aprovecharse de la ingenuidad y de la poca responsabilidad de la Ministra… que firmó el decreto”.
Al respecto, el parlamentario explicó que el “Gobierno no está exento de responsabilidad, puesto que hay un acto jurídico que está ejecutoriado y puede obligar al Estado a pagar la suma pactada, entonces, aquí hay una cosa más grave y el Ministerio Público tiene que resolverlo y podrían haber querellas para perseguir la tentativa de delito frustrado, cohecho y de malversación de fondos públicos”.
De igual manera, el legislador comentó que “el alcance del dictamen del Contralor va más allá de lo que se ha dicho”, porque aquí “claramente, ha habido un intento de un delito frustrado tratando de apropiarse de recursos del Estado mediante una simulación de un proceso judicial para obligar al Estado a un pago”.
Además, el senador agregó que “para cometer el delito se pusieron de acuerdo, el privado y funcionarios del Estado de la confianza de la ministra para poder obligar al Estado a pagar 35 millones de dólares”.
