Se trata de dos documentos oficiales que forman parte de la modificación de usos de suelo, de agrícolas a urbanos, en 10.000 hectáreas localizadas en ocho comunas periféricas de esta región.
La Fundación Defendamos la Ciudad presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia ante la negativa del intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, de entregar información pública.
Se trata de dos documentos oficiales que forman parte de la modificación de usos de suelo, de agrícolas a urbanos, en 10.000 hectáreas localizadas en ocho comunas periféricas de esta región.
“Fue necesario poner los antecedentes en el Consejo para la Transparencia debido a que dicho intendente no nos ha entregado copia del Protocolo de Acuerdo por 80 millones de dólares suscrito por él, en representación del Gobierno Metropolitano, y el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, suma que el Estado le entregará a los privados que deberán mantener las áreas verdes de sus proyectos inmobiliarios en las llamadas Zonas Urbanas Condicionadas, ello naturalmente si la Contraloría General de la República llegara a tomar razón de la Resolución del proyecto expansivo denominado PRMS-100. Nuestra solicitud la formulamos el 6 de junio pasado y vencido el plazo legal de 20 días hábiles, sin obtener la respuesta satisfactoria que esperábamos, tuvimos que ejercer nuestros derechos ante la autoridad competente”, sostuvo Patricio Herman.
Diego Urrutia, dueño de un predio agrícola en la comuna de Lampa, expresó que “con las formalidades de rigor, por escrito, le solicité al intendente Echeverría que pusiera a mi disposición la copia de la Resolución del Consejo Regional (CORE) que autorizaba el aumento en los límites urbanos en 8 comunas, ya que necesitaba analizarla con mis abogados para, enseguida, objetarla con sólidos fundamentos en la Contraloría General de la República. Echeverría, representante del Presidente Piñera en esta región, mal aconsejado por sus colaboradores inmediatos, tuvo el desatino de negarme ese acto administrativo con el cándido argumento de que tenía que esperar la toma de razón de la Contraloría para entregármelo, respuesta propia de un aprendiz en funciones de Estado y por ello he recurrido en contra de aquél”.
