El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en los derechos del consumidor, pero no ha puesto el mismo énfasis en la otra arista del caso La Polar: la que cuestiona al mercado financiero. Mientras, las superintendencias de Pensiones y de Bancos están en la mira de quienes buscan responsabilidades.
El caso La Polar provocó una crisis de confianza en el sistema financiero, que se va a proyectar en el tiempo. Y pese a que podrían esperarse señales claras del gobierno, en La Moneda no está dentro de los planes cortar cabezas, como aseguran desde Palacio. La estrategia para enfrentar la crisis ha girado en torno a la emotividad, donde lo esencial es “estar al lado de los consumidores y hacer todo lo que esté al alcance para demostrarlo”, según explica una fuente.
Producto de esta línea se promovieron declaraciones fuertes del estilo “no nos temblará la mano para que los responsables de ese abuso sean juzgados”, como dijo el Presidente. A la vez, “el gobierno decidió que fuera Peribonio (director del Sernac) el principal vocero frente al caso”, como aseguran desde Palacio. El buen desempeño comunicacional que ha tenido, lo ha posicionado como un verdadero defensor de los consumidores y la demanda colectiva contra La Polar, que puso a través del Sernac el 26 de mayo, reafirmó esa postura.
Pero “todo el sistema de fiscalización falló y nadie está asumiendo la responsabilidad”, asegura un experto en legislación financiera. El gobierno debiera demostrar la preocupación de la que ha estado hablando, asegura esta fuente, porque todo indica que no ha adoptado señales administrativas claras frente a esta arista del problema. Todos los encargados de las entidades fiscalizadoras siguen, como si nada hubiera pasado, en sus cargos y eso es un indicio de que el gobierno quiere mantener el conflicto lo más lejos posible de esa zona.
Posición que será cada vez más difícil de mantener, porque esta semana el diputado Gabriel Ascencio (DC), solicitó a la Contraloría que investigue una eventual negligencia por parte de los superintendentes de Valores y Seguros (SVS) y de Pensiones, Fernando Coloma y Solange Berstein, respectivamente. Al mismo tiempo, se investigará a Juan Antonio Peribonio, director del Sernac, por no prever ni denunciar a tiempo el fraude que cometía La Polar. Esta petición fue presentada a través de un oficio de la Cámara y el diputado Ascencio explica que el objetivo de la investigación es que la “Contraloría determine cuál era el nivel de información que tenían, por qué medios la obtuvieron, qué medidas adoptaron y a quién le entregaron esa información, si es que lo hicieron”.
[cita] Durante tres semanas la única iniciativa del Estado en el caso fue la demanda colectiva interpuesta por el Sernac. Esto apuntaba a la estrategia inicial, que era “lograr que los afectados encontraran una solución”, como asegura un parlamentario oficialista. Probablemente las cosas se hubieran mantenido en ese cauce sino fuera porque el Ministerio Público abrió una investigación por oficio frente al caso La Polar el 13 de junio, presionando al aparato público a tomar más acciones.[/cita]
Ascencio explica que el punto central de la investigación va a estar en la Superintendencia de Pensiones, “porque se descubre un daño a cuatro Administradoras de pensiones y hay 700 millones de dólares de fondos de pensiones en riesgo”. Agregando que es necesario saber qué información tenía y qué medidas adoptó, es decir, “si hicieron o no la pega”, sentencia. Es que para Ascencio este tema que ha sido prácticamente omitido frente al caso La Polar, también podría terminar en los tribunales de justicia.
La Superintendencia de Pensiones (SP), liderada por Solange Berstein, no ha tomado acciones legales frente al caso y se ha escudado en la “diversificación” de las inversiones, donde “un eventual impacto negativo (…) no afecta significativamente la seguridad ni rentabilidad del total de las inversiones”, como se lee en la página Web de la SP. Aunque la inversión en La Polar, sólo representaba un 0,21% (acciones) y un 0,24% (bonos) del total de los fondos, la suma total alcanza los 706 millones de dólares y el diputado Ascencio cree que alguien debe responder por la plata de todos esos pensionados. La SP actualmente está recolectando antecedentes del caso y no descarta entablar acciones administrativas y legales contra quienes resulten responsables.
Durante tres semanas la única iniciativa del Estado en el caso fue la demanda colectiva interpuesta por el Sernac. Esto apuntaba a la estrategia inicial, que era “lograr que los afectados encontraran una solución”, como asegura un parlamentario oficialista. Probablemente las cosas se hubieran mantenido en ese cauce sino fuera porque el Ministerio Público abrió una investigación por oficio frente al caso La Polar el 13 de junio, presionando al aparato público a tomar más acciones.
Esta movida fue la que gatilló el ingreso al área judicial, tres días después, de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), donde su titular, Fernando Coloma, presentó una querella el 16 de junio ante el Ministerio Público. Más tiempo tardó el superintendente de bancos, Carlos Budnevic, quien presentó una querella el 29 de junio pasado, 16 días después.
Al entrar en el camino de la judicialización del caso La Polar, el gobierno ha logrado contener la crisis y mantenerla alejada de La Moneda. Pero hoy el sistema financiero está resentido en algunos de sus intangibles más importantes: la reputación de los gobiernos corporativos y de las instituciones encargadas de la fiscalización, claves para mantener un clima financiero sano.
El daño al mercado financiero queda expuesto en la demanda que presentó la SVS, donde se reconoce que la información falsa entregada al mercado por La Polar, ha tenido “consecuencias sobre la transparencia con que este debe funcionar, cuya real dimensión aún se desconoce, afectando severamente el valor de la acción y por ende, el patrimonio de los accionistas”.
En este escenario, La Moneda optó por “acelerar” el proyecto del Sernac Financiero (SF), como solución. El problema es que esa es sólo una arista del caso, porque si el sistema de fiscalización falló, “hace falta una revisión completa al sistema de las superintendencias, de la regulación financiera en general, y de la institucionalidad. Ver qué se esta regulando, para qué y con qué periodicidad. Se requieren más recursos y más gente, sobre todo especialistas en el área del retail”, asegura el economista Rafael Garay. Agregando que hoy “el organismo regulador es incapaz de anticiparse, sobre todo en delitos financieros de alta complejidad”.
«A mí, a los pocos meses de ser Presidente, el director del Sernac, Juan Peribonio, me contó que había recibido 198 mil reclamos de gente que sentía que se había abusado de ella», en diferentes circunstancias, dijo Piñera este miércoles en el programa «Gente como tú» de Chilevisión. Agregando que en el caso de La Polar, la primera reacción fue realizar una mediación colectiva con la compañía y como esta “no cumplió”, se dio paso a la demanda colectiva que realizó el Sernac, por repactaciones unilaterales.
El Presidente concluyó que “nuestro gobierno detectó el problema y lo solucionó”. Eso es cierto sólo en el caso de los consumidores, porque van a ser compensados y se están buscando responsabilidades legales, a través de la demanda colectiva. Pero esta crisis tiene dos frentes: el de los derechos del consumidor y el del funcionamiento del mercado. “El SF va derechamente a la protección del consumidor, pero quizás hace falta una superintendencia que regule directamente al retail”, asegura Garay.
Es en esta línea que el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Carlos Budnevic, declaró ayer ante la comisión investigadora del caso La Polar, de la cámara de diputados. En la que admitió que el retail tiene un nivel inferior de fiscalización que los bancos y a la vez, declaró que “si el objetivo supervisor es velar por la estabilidad y solvencia de los emisores no bancarios, la superintendencia de bancos e instituciones financieras requeriría de tener facultades similares de fiscalización con las que cuenta en el caso de los bancos”, como publicó el Diario Financiero.
Frente al caso La Polar, la interrogante que surge es si las superintendencias tienen o no, la capacidad para prevenir este tipo de situaciones y la respuesta es determinante. A diferencia de lo declarado por Budnevic, el economista Rafael Garay cree que “las facultades están dentro de las superintendencias, no les faltan atribuciones. Pero tienen recursos limitados y deben regular a muchos actores, por lo que la profundidad de la supervisión es muy baja y no puedes entrar al detalle”.
Se podrían establecer responsabilidades políticas en las superintendencias, por negligencia funcionaria –que es lo que busca el diputado DC Ascencio – y/o revisar el sistema de fiscalización, que para algunos –como para el superintendente de Bancos – resulta totalmente insuficiente, como quedó demostrado con el fraude cometido por la multitienda.
