El Noveno Juzgado Civil de Santiago anuló los derechos de agua que permitirían operar el proyecto de 500 millones de dólares. Pese a la resolución en primera instancia, la empresa ligada a los Matte continúa la construcción de la central Angostura.
En noviembre de 2009 el proyecto central hidroeléctrica Angostura fue aprobado por la entonces Corema de la Región del Biobío. Dos años después y cuando Colbún ya había iniciado la construcción de la iniciativa cuya inversión se estima en 500 millones de dólares, un fallo del Noveno Juzgado Civil de Santiago pone en jaque el millonario proyecto.
Esto, porque la sentencia en primera instancia emitida en junio pasado, anuló los derechos de agua no consuntivos -que utilizan el agua sin consumirla- entregados a la empresa por la Dirección General de Aguas (DGA) en 2006 y que son claves para que la apuesta energética, ubicada en la comuna de Santa Bárbara, pueda operar una vez construida. En caso contrario no tendría el agua para hacerlo.
La demanda contra la sociedad hidroeléctrica Melocotón, filial de Colbún y representada por Bernardo Larraín Matte y la DGA, fue interpuesta en 2008 por la forestal Maderas Cóndor, ligada al empresario Ítalo Zunino. Los argumentos se basan en que al momento de hacer la solicitud de derechos de agua, en 1980, Melocotón “no cumplía con los requisitos legales para hacerla procedente”, entre otras falencias.
En cuanto a la DGA, el argumento es que mejoró y modificó las solicitudes de agua de Melocotón sin tener las atribuciones para ello.
Según explica el abogado Pablo Jaeger, si esta solicitud hubiera sido denegada “como correspondía, la Dirección General de Aguas debía constituir el derecho de agua a favor de Maderas Cóndor”. Esto porque dicha compañía solicitó en 1996 los mismos derechos de agua con un objetivo similar al de Colbún: construir una central hidroeléctrica aguas abajo de la confluencia de los ríos Bío Bío y Huequecura. Lo que fue rechazado por la DGA y más tarde por la Corte de Apelaciones, ya que, según señala Jaeger, “no pueden entregarse derechos por las mismas aguas”. Esa causa ahora está en la Corte Suprema, y la defensa de Zunino espera que les den la razón dado el nuevo escenario que abrió el fallo en primera instancia del Juzgado Civil.
[cita/]Esto, porque la sentencia en primera instancia emitida en junio pasado, anuló los derechos de agua no consuntivos -que utilizan el agua sin consumirla- entregados a la empresa por la Dirección General de Aguas (DGA) en 2006 y que son claves para que la apuesta energética, ubicada en la comuna de Santa Bárbara, pueda operar una vez construida. En caso contrario no tendría el agua para hacerlo.[/cita]
Fallo que concluye, en base a informes periciales ordenados por el mismo tribunal que “el punto de captación de las aguas, el de restitución y la distancia final exacta entre ellas no era real ni medible y de una aproximación tan insuficiente que no fue posible siquiera levantar un plano con la rigurosidad mínima que la ley exigía”.
Por ello, señala el dictamen “la DGA debió rechazar la petición, debiendo la interesada -Colbún- haber presentado una solicitud nueva”. Y agrega que “ha sido entendible que en cierto y determinados casos se le permita restringir el acceso al recurso pero nunca ampliarlo en beneficio de un solicitante por muy legítimo y necesario que sea su proyecto, especialmente si con ello conculca el derecho de otros igualmente legítimos interesados”.
En junio tanto la filial de Colbún como la DGA apelaron a la sentencia.
A pesar de que la sentencia podría complicar el destino del proyecto ligado a los Matte, no barajan detener la construcción de la central a la espera de la decisión final de tribunales, lo que podría tomar varios años e incluso definirse después de diciembre de 2013, cuando se estima que la hidroeléctrica entraría en operación.
Desde Colbún señalan que “nadie piensa en esa instancia, ya que estamos muy tranquilos con las estrategias legales que hemos presentado, por lo que no nos hemos atrasado ni un día en la construcción de la central desde que salió el fallo”. Y recalcan que “es sólo una sentencia de primera instancia, que afecta a uno de los derechos de agua del Proyecto”.
La decisión podría ser arriesgada, ya que si bien es cierto que ellos tienen otros derechos de agua aprobados, éstos sólo les permiten usar las aguas asociadas a las crecidas extraordinarias del río y algunos meses del año. Por lo tanto con esos solos derechos de agua no podrían operar la central Angostura, que se convertiría en la tercera represa del Bío Bío después de Pangue y Ralco. Al igual que sus antecesoras, esta central sufrió un fuerte rechazo por parte de comunidades pehuenches, ya que inundaba sus tierras a pesar de que el Estado se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a no construir más represas en sus reductos.
