La moción de Jaime Quintana, Lily Pérez, Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber e Ignacio Walker, fue remitida a la Comisión de Educación para su análisis.
Los senadores Jaime Quintana, Lily Pérez San Martín, Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber e Ignacio Walker presentaron una moción para erigir un memorial en honor a las 21 víctimas del accidente aéreo ocurrido en el archipiélago de Juan Fernández el pasado 2 de septiembre. Con ello, el proyecto fue remitido a la Comisión de Educación para su estudio.
La aeronave siniestrada viajó hasta la zona para apoyar labores de reconstrucción por el terremoto y tsunami de febrero de 2010, además de impulsar proyectos deportivos y culturales. A bordo del CASA 212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) iban efectivos de la institución, funcionarias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), integrantes del Desafío Levantemos Chile y un equipo del matinal de TVN Buenos Días a Todos.
En lo fundamental, la iniciativa que impulsan los senadores establece que «la obra será financiada, a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados y se creará una comisión especial, compuesta por integrantes ad-honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley».
Cabe señalar, que dicha instancia estará integrada por el ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, quien la presidirá, y un representante de las siguientes instituciones: Municipalidad de Juan Fernández, Televisión Nacional de Chile, TVN, Fundación Desafío Levantemos Chile; decanos de las facultades de arquitectura de las universidades Federico Santa María y Valparaíso y de la Pontificia Católica de Valparaíso, y el intendente de la Región de Valparaíso, Raúl Celis. Además, están convocados, voluntariamente, un familiar por cada una de las víctimas, que deseen participar.
Los senadores Ignacio Walker, Lily Pérez, Ricardo Lagos Weber, Francisco Chahuán; junto a los diputados Aldo Conejo, Joaquín Godoy, Rodrigo González, María José Hoffmann, Víctor Torres y Edmundo Eluchans también integrarán la instancia, como representantes legislativos de la zona.
«Las obran deberán ejecutarse en el plazo de 10 años, contado desde la publicación de la presente ley. Vencido dicho plazo sin que se hubieren ejecutado las obras, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión establezca», explicaron los autores.
