El secretario de Estado señaló que «esta es una discusión propia de ignorantes, porque un juez no es mejor juez porque es más garantista o es peor juez porque es más autoritario, eso depende de los antecedentes que al juez se le proporcionan». Como asimismo, dijo, es producto de «una cierta crispación política, donde los niveles de desconfianza han aumentado y la capacidad lectora disminuye».
Las declaraciones del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, dieron pie a una verdadera pugna entre el Ejecutivo el Poder Judicial.
El secretario de Estado anunció que a la hora de determinar los ascensos de los magistrados «se revisará la jurisprudencia, los criterios del juez en su moralidad pública y privada y los informes que ha hecho sobre ello las propias cortes Suprema o de Apelaciones».
Esto, en el marco de los cuestionamientos por la labor de los jueces de garantía frente a las detenciones en manifestaciones.
Entonces, el mandamás de la Corte Suprema, Milton Juica, respondió: “La evaluación de los jueces le corresponde exclusivamente al Poder Judicial y estamos sujetos a un estatuto legal que establece la manera en que se hacen las calificaciones y se evalúan a los jueces. Lo que haga el Gobierno es problema de ellos y no nuestro”.
Este lunes, el ministro Ribera aseguró que la discusión que se ha generado en torno a este caso es «propia de ignorantes».
«Nosotros no tenemos listas negras ni listas blancas, no nos corresponde; nosotros no nos involucramos en la calidad de la sentencia que emite el Poder Judicial. Nosotros solamente ejercemos las atribuciones que la ley y la Constitución nos ha deparado», sostuvo en Radio Cooperativa.
En esa línea, dijo que «la independencia del Poder Judicial es uno de los valores del Estado democrático y por eso no hemos hecho cambio alguno en la designación de los magistrados (…) esta es una discusión propia de ignorantes, porque un juez no es mejor juez porque es más garantista o es peor juez porque es más autoritario, eso depende de los antecedentes que al juez se le proporcionan».
La autoridad recalcó que el Ministerio Público «tiene que mejorar sus técnicas, evaluar mejor las circunstancias jurídicas, porque le corresponde a él presentar los antecedentes» y el juez de garantía tiene que resolver velando no sólo por los derechos de los imputados y los demás intervinientes».
«Cuando un ministro de Justicia espera que quienes lleguen a altos cargos del Poder Judicial tengan criterio, prudencia y racionalidad en interpretar la ley, es realmente lo menos que se puede pedir (…) el debate es producto de una cierta crispación política, donde los niveles de desconfianza han aumentado y la capacidad lectora disminuye», concluyó.
