Se trata de ex oficiales pertenecientes a la DINA que a principios de los noventas se encontraban en servicio activo, ocupando algunos de ellos cargos de responsabilidad en la estructura de la Comandancia en Jefe del Ejército. Ellos operaron para que uno de los involucrados en el crimen del español modificara su declaración judicial tras un operativo en que colaboraron efectivos del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y que contó con fondos institucionales.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid dictó sentencia de primera instancia en el proceso abierto por diversos delitos descubiertos durante la investigación por el homicidio del ciudadano español Carmelo Soria Espinoza, y que se tramitó en la década de los noventa.
Según informó el Poder Judicial, el magistrado determinó condenar al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor el delito de asociación ilícita.
También fue condenado a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del mismo delito, el brigadier (r) Jaime Lepe Orellana. Además deberá cumplir una pena de 61 días por su responsabilidad como autor del delito de falsificación de instrumento público y 60 días de presidio y cancelar una multa de 20 UTM por su responsabilidad como autor del delito presentación de testigos falsos en juicio.
Los otros condenados fueron el coronel de Justicia (r) Sergio Cea Cienfuegos, a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de falsificación de instrumento público; el teniente coronel (r) René Quilhot Palma, a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita; el suboficial (r) Leonardo Quilodrán Burgos, a 60 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita; y Leonardo García Pérez, a 60 días de presidio por su responsabilidad como cómplice del delito de falsificación de instrumento público.
El coronel (r) Fernán González Fernández fue absuelto por falta de participación.
“Como durante el año 1993 se procedió a reactivar la causa criminal seguida en el Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad en la que se investigaba el homicidio del funcionario internacional Sr. Carmelo Soria Espinoza, designándose como Ministro en visita extraordinaria encargada de su tramitación y fallo a la Ministra de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago Sra. Violeta Guzmán Farren (Q.E.P.D.) y en ella consta la declaración del sub oficial mayor de Ejército Sr. Remigio Ríos San Martín, quién confiesa su participación en el referido crimen y menciona como co-partícipes a oficiales del Ejército pertenecientes a la DINA y que a la fecha de su declaración se encontraban en servicio activo, ocupando algunos de ellos cargos de responsabilidad en la estructura de la Comandancia en Jefe del Ejército”, dice el fallo.
La resolución agrega que, “en razón de lo antes expuesto se procedió por parte de Jaime Lepe Orellana, a la fecha Secretario General del Ejército a organizar un operativo para ubicar y después convencer al nombrado Ríos San Martín de modificar su versión anterior y negar la participación de los oficiales incriminados en los hechos antes referidos; dicho operativo se implementó con la colaboración de efectivos del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) (…) con fondos institucionales (Comandancia en Jefe del Ejército)”.
“Se desprende de los antecedentes existentes en esta última, donde se acredita que un grupo especial de militares pertenecientes a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) procedieron a sustraer de la acción de la justicia y a sacar del país con destino a Uruguay al Ex – Químico del la DINA Sr. Eugenio Berrios Sagredo a quién posteriormente se le dio muerte siendo su cadáver encontrado en una playa de Parque del Plata, Departamento de Canelones (…) En esa época el nombrado Berrios estaba siendo requerido por el Ministro de la Excma. Corte Suprema Sr. Adolfo Bañados Cuadra quién conducía el proceso por la muerte del Ex – Canciller Sr. Orlando Letelier del Solar, sin embargo, resulta de esta investigación que el señalado BERRIOS también habría tenido conocimiento o participado en otros crímenes cometidos por agentes de la DINA, teniendo conocimiento acerca de quienes fueron los autores del homicidio del Sr. Carmelo Soria Espinoza, perpetrado en el cuartel de la DINA ubicado en Lo Curro, donde el trabajaba, y, que también servía de morada al norteamericano Michael Townley Welch, quién prestaba servicios al organismo de seguridad antes nombrado”, concluye el fallo.
