Más de 300 casos se acumulan a la espera de que el organismo cuente con la cantidad necesaria de consejeros para sesionar. El problema es que mientras el gobierno no logre el consenso necesario en el Senado para aprobar el nombramiento de los nuevos integrantes, la entidad continuará parada. El PPD Samuel Donoso retiro su candidatura y en la DC y el PS dicen que el RN José María Eyzaguirre no tendría su apoyo.
El 5 de septiembre pasado el Consejo para la Transparencia recibió un requerimiento de amparo en que se solicitaba una copia de los correos electrónicos enviados y recibidos por el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, desde y hacia su cuenta de correo institucional “para el correcto desempeño de sus funciones entre los días 18 y 21 de julio de 2011”.
Pese a que ya fueron presentados los descargos del Ministerio, el Consejo no ha podido tomar una decisión al respecto debido a que todo se encuentra estancado hasta que sean nombrados los nuevos consejeros que reemplazarán a los abogados Raúl Urrutia (RN) y Juan Pablo Olmedo, cercano al PPD. Y no hay señales de que eso ocurra antes de un par de semanas.
No es el único caso: actualmente hay unos 300 requerimientos en tramitación y en promedio ingresan unos 140 mensualmente, que se encuentran congelados desde el 28 de octubre pasado, cuando se celebró la última sesión del Consejo en que participaron Urrutia y Olmedo. Esto porque según los estatutos internos para que el Consejo sesione y decida sobre el futuro de los casos se requiere un quórum mínimo de tres miembros y actualmente sólo hay dos: Alejandro Ferreiro y Jorge Jaraquemada.
La situación causa preocupación dentro de la corporación. Más aún luego de que Samuel Donoso (PPD), una de las dos cartas presentadas por el Gobierno para reemplazar a los consejeros salientes, solicitara el sábado pasado al Presidente Sebastián Piñera que retirara su nombre de la propuesta.
[cita]Según los estatutos internos para que el Consejo sesione y decida sobre el futuro de los casos se requiere un quórum mínimo de tres miembros y actualmente sólo hay dos: Alejandro Ferreiro y Jorge Jaraquemada. [/cita]
A través de una misiva, el abogado centró sus reparos en las críticas provenientes desde la Alianza a su designación por haber sido abogado querellante del caso Spiniak, señalando que «estos cuestionamientos sientan un precedente inaceptable y gravísimo (…). Estoy orgulloso de ser abogado litigante, orgulloso de mi profesión y orgulloso de la forma honrada, leal, ajustada a la ética y a la ley en que he representado a mis clientes”.
La nominación de Donoso y el abogado José María Eyzaguirre (RN) ha estado en el ojo del huracán. Especialmente en el Senado, encargado de visarlas por al menos dos tercios de sus miembros, principalmente porque se ha criticado fuertemente la forma en que se removió a Urrutia y Olmedo de sus cargos. Esto debido a que su salida ha sido interpretada como una revancha por parte del Gobierno frente a algunas decisiones que lo complican, como la determinación de que todos los correos electrónicos institucionales deben ser transparentados si así alguien lo requiere.
Pese a que Eyzaguirre continúa en carrera, su situación es incierta, ya que desde la Concertación no contaría con el respaldo necesario para tener luz verde en el Congreso. Desde la bancada de la DC adelantaron que “Eyzaguirre sigue en carrera pero sin nuestro apoyo. Esto lo puede complicar porque se necesita quórum”.
En tanto, la presidenta de la bancada de los senadores del PS, Isabel Allende, explicó que durante la tarde del lunes se concluyó que no se dará respaldo al abogado de Renovación Nacional “ya que la metodología del gobierno es inadecuada: nos enteramos a través de la prensa de que continuaba su nominación. Mientras el Ejecutivo no recapacite y mantenga esta inadecuada metodología no vamos a aprobarlo, así que más vale que no lo presente porque no le va a ir bien”.
Hoy el PS ratificaría oficialmente esta decisión, “y lo más probable es que no haya respaldo”, asegura Allende.
[cita]Actualmente hay unos 300 requerimientos en tramitación y en promedio ingresan unos 140 mensualmente, que se encuentran congelados desde el 28 de octubre pasado, cuando se celebró la última sesión del Consejo en que participaron Urrutia y Olmedo.[/cita]
La nominación sin consulta previa de Eyzaguirre y Donoso generó fuertes críticas entre los senadores. Por ello se espera que esta vez haya un testeo previo, para no ver entrampado el proceso otra vez. Esto fue planteado directamente por la presidenta de la comisión de Constitución del Senado, Soledad Alvear, al ministro Cristián Larroulet, quien le informó que esperaban tener una nueva propuesta a principios de esta semana.
“El Ejecutivo tiene que definir el nombre y luego hacer las consultas”, asegura Alvear.
Este martes dicha Comisión debía escuchar en audiencia a los postulantes, pero en vista de la declinación de Donoso se dejó sin efecto. En todo caso y según explica la senadora, Larroulet le informó que esperaban tener una nueva propuesta a principios de esta semana.
Hasta el cierre de esta edición, según señaló la parlamentaria DC, no había sido informada de ningún nombre por parte del gobierno, pero no descartó que más tarde o durante la mañana la contactaran.
Si el martes se informa al Senado del elegido “puedo convocar a una sesión para escuchar a los postulantes el miércoles en la mañana (a la audiencia en la Comisión de Constitución). Y de ser así en la tarde podría revisarse en la Sala. Todo esto bajo el supuesto de que el Ejecutivo tenga nombres y haya testeado si hay una visión positiva del Senado”, explica Alvear. Testeo que es vital para que exista respaldo.
Luego de esto, y en caso de que sea votado favorablemente, Contraloría debe tomar razón del decreto, tras lo cual es publicado en el diario oficial. Recién ahí los nuevos miembros podrían asumir el cargo y se regularía el funcionamiento del Consejo. Frente al tiempo que se requeriría, Alvear explica que “en situaciones como esta inmediatamente se habla con el Contralor y se deja reservada fecha por lo que depende del trabajo con antelación que haga el gobierno”.
Mientras tanto el Consejo para la Transparencia tiene suspendidas las dos sesiones que realizaba semanalmente y que en promedio le permitía resolver una treintena de casos. Hoy sólo está facultada para tramitar y darles o no admisibilidad.
