El Fiscal Nacional reiteró que la prevención y el orden público no es labor del organismo que encabeza y añadió que, en consecuencia el Ministerio del Interior que esté en el gobierno, tiene que velar por el orden público y la prevención.
«Los jueces y fiscales trabajamos fuertemente todos los días, la Fiscalía igual que el Poder Judicial, actúan después de cometido el delito. No me voy a pronunciar respecto de las declaraciones que varias veces ha dado el ministro del Interior, estamos llanos a recibirlo cuando estime pertinente en audiencia. Si hay alguna manifestación o inquietud que el ministro tenga lo recibimos en audiencia, pero -si lo hace por lo medios de comunicación para abordar el mismo tema, en los que la Fiscalía ha expresado su opinión respecto de que la prevención y orden publico no está dentro de su rol, no me voy a referir más».
De esta forma, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, abordó una vez más la polémica que mantiene de hace algunas semanas con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter.
Este lunes, la máxima autoridad del Ministerio Público, se reunió por una hora y media con el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, y sus fiscales jefes en un encuentro de coordinación del trabajo investigativo de los persecutores.
Consultado por el anteproyecto de ley que presentó la semana pasada el Ejecutivo y que restringe las facultades de los persecutores, Chahuán destacó que «la posición unánime de toda la Fiscalía, a lo largo de Chile es que quitarle atribuciones de investigar a los fiscales puede derivar en problemas graves, en problemas de calidad jurídica, de calidad de los antecedentes que se defienden o que se plantean en las audiencias o podrían terminar en impunidad en los delitos de mayor complejidad investigativa donde la visión de un fiscal es imprescindible, por ejemplo, en los delitos económicos o cometidos por gente con más poder».
Además, precisó que «la facultad de dejar en libertad a delincuentes y no llevarlos a control de detención, se ha utilizado muy prudentemente por los fiscales, es muy restringida su utilización. Y en caso que el delito tenga una pena aflictiva, debe contar con la venia del Fiscal Regional. Y, si hubiera un efecto en la prevención del delito, sería muy absolutamente marginal»
Sabas Chahuán dijo además que «la pretensión de este proyecto, de disminuir facultades investigativas a los fiscales, nos parece peligroso desde el punto de vista institucional y del sistema en general».
El Fiscal Nacional reiteró que la prevención y el orden público no es labor de la Fiscalía, coincidiendo con el presidente de la Corte Suprema; y añadió que, en consecuencia el Ministerio del Interior que esté en el gobierno, tiene que velar por el orden público y la prevención. «De hecho, hay una Subsecretaría de Prevención del Delito y en su interior hay una Oficina de Orden Público. Nosotros colaboramos, pero una vez cometido el delito», dijo.
Respecto a las críticas sostenidas por el Ejecutivo en el sentido que jueces y fiscales dejan libres a los delincuentes, Chahuán dijo respetar “absolutamente la facultad de opinar del ministro del interior, pero si tiene sugerencias o reclamos o alguna idea que le parezca importante manifestarla a la Fiscalía, yo, como autoridad superior de la Fiscalía, que me pida audiencia y lo recibo con el mayor agrado».
Asimismo insistió en la necesidad de reformular el Código Penal, para adecuar las herramientas legales en el combate a la delincuencia. Explicó que «la política criminal de un Estado se hace por los todos los poderes, Legislativo, Ejecutivo, Poder Judicial, y el Ministerio Público. Sería importante que se reformulara el Código Penal, porque hay desequilibrios importantes. No puede ser que un gran fraude al fisco o una estafa masiva en que se juega con la confianza de miles de personas, pueda tener una pena inferior que quien roba una gallina. La solución no es más cárcel, pero sí penas más efectivas», argumentó el Fiscal Nacional.
