«Nosotros les exigíamos una cosa y ellos creían que estaban bajo otro tipo de exigencia». Así, ellos «creían estar cumpliendo y nosotros creíamos que no» lo hacían, acotó.
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, se refirió a la polémica que ha mantenido con la empresa Tur-Bus luego de que esta última manifestara que cumplía con las normas de trabajo para conductores de buses interurbanos, respaldados en un oficio que la Dirección del Trabajo desconocía, mientras estos últimos lo hacían por otro dictamen.
La secretaria de Estado comentó que estaban trabajando con documentos distintos, «nosotros les exigíamos una cosa y ellos creían que estaban bajo otro tipo de exigencia». Así, ellos «creían estar cumpliendo (con la ley) y nosotros creíamos que no estaba cumpliendo», acotó.
La ministra explicó que luego de una reunión entre abogados de Tur-Bus y personal del ministerio «nos hemos enterado que ellos tenían un documento firmado por anteriores autoridades de la Dirección del Trabajo que significaba que ellos creían estar cumpliendo, un oficio que nosotros no teníamos y que no conocíamos» y, por lo tanto, «nosotros los juzgábamos de acuerdo a otro dictamen, a la ley», explicó.
La razón, acotó, se debía a que «aparentemente (el oficio) no pasó por jurídico. Hay una formalidad, una revisión distinta a los dictámenes que a los oficios, y la verdad es que la directora subrogante cuando hubo la reunión tuvo que pedir una fotocopia a la empresa», para poder saber de qué se trataba.
No obstante, puntualizó, de ahora en adelante «ha quedado claro que todos nos regimos por el dictamen del ministerio y el oficio queda sin efecto, de manera que (ahora) todos tenemos la misma norma».
Las declaraciones de Matthei se dieron en el marco del inicio de una Mesa de Trabajo que analizará las condiciones laborales, la legislación vigente y las normas de fiscalización en el sector de los buses interurbanos, y que estará integrada por la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Transportes, parlamentarios, Conaset y trabajadores, sindicatos y empleadores del transporte.
La idea, acotó, es revisar nuestra legislación porque «está muy atrasada y es muy vaga e imprecisa» y «poner estándares parecidos a países más desarrollados, teniendo cuidado que esto no signifique un aumento de costos que los chilenos no puedan pagar, pero que sí sea clara y haya sistema de control confiables y que haya sanciones cuando no se cumple con ello».
La ministra agregó que la próxima reunión se efectuará el 9 de marzo y mostró su confianza en que antes de fin de año haya una nueva ley al respecto.
