El ex ministro del MOP cuestiona el precio que el Estado terminó pagando por la primera ruta concesionada que el Fisco compra a privados, varios de ellos ligados al “tercer piso” de La Moneda. El diputado Juan Carlos Latorre (DC) respalda la mirada de Bitar frente a la operación en la que habría oficiado como negociador Cox al menos en 2010, quien también ha negociado a nombre del Estado con al Administrador Financiero del Transantiago (AFT).
Una investigación por parte de la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara Baja podría abrirse en las próximas semanas con el objeto de revisar la operación de la primera ruta concesionada que el Estado compra a privados.
Así lo señalan diversas figuras de la Concertación, que reaccionaron tras el artículo publicado por este medio sobre el rol que habría tenido el empresario, miembro del conocido “tercer piso” de La Moneda, José Cox, en las negociaciones que impulsaron que el Fisco reintegrara la concesión de la Ruta de la Madera pagando unos 34 millones de dólares, al menos en buena parte del 2010.
Rol negociador que también se da desde la otra vereda: el ingeniero comercial y encargado de liderar la recaudación de fondos para la campaña presidencial de Sebastián Piñera, también ha negociado con el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) en representación del Estado, en forma ad honorem y a petición del ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz.
[cita]Bitar destaca que es necesario revisar si en este caso el Fisco tomó las precauciones y movió todos los hilos posibles para pagar el precio más conveniente, como recurrir a la Corte Suprema, y pedir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que actuara. “Pero nada de eso se ha hecho aquí. Y siendo personas vinculadas al Presidente con mayor razón debería haber una triple transparencia”.[/cita]
Para el ex ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, esta situación “daña el concepto republicano de la democracia cuando no hay cortafuegos entre los negocios privados y la conducción del Estado. El gobierno de Piñera está echando abajo ese cortafuegos y eso daña la legitimidad del Estado y la política”.
Asimismo asegura: “más allá de la dignidad de cada persona, un sistema que rompe esa separación lleva a usar sin querer queriendo al Estado a favor de los intereses privados. Al aplicar criterios de los negocios al manejo de los asuntos públicos que deben proteger y cuidar intereses de todos no de unos pocos”.
Para el ex secretario de Estado, que por estos días se encuentra en Washington, es importante dilucidar cómo y por qué se llegó al valor que terminó pagando el Estado por la compra de la Ruta de la Madera y que asciende a UF 736.343, ya que “es posible que el valor de la compra de la ruta sea discutible, pero además de esta duda de principio, me asalta la duda de los números, porque cuando era ministro me correspondió encargar distintos estudios de la época a entes externos que dieron cifras inferiores a las que se convino ahora. Además haciendo otras correcciones y según los intereses del Estado y costos en que se incurrió por faltas de la concesionaria estimamos que el valor no podía exceder los 300 mil o 400 mil UF. Y el precio fue finalmente casi el doble”.
Por eso, sostiene: “este acuerdo amerita una investigación por parte de la Comisión de Obras Públicas por la transparencia y el bien del país. La Cámara debiera consultar sobre procedimientos de recompra de concesiones”.
Bitar destaca que es necesario revisar si en este caso el Fisco tomó las precauciones y movió todos los hilos posibles para pagar el precio más conveniente, como recurrir a la Corte Suprema, y pedir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que actuara. “Pero nada de eso se ha hecho aquí. Y siendo personas vinculadas al Presidente con mayor razón debería haber una triple transparencia”.
El diputado Juan Carlos Latorre (DC) concuerda con la necesidad de impulsar una investigación. “Tengo la certeza de que esto amerita una investigación a través de la Comisión Obras Públicas y Transportes”, de la que es miembro. “Se debe exigir esta investigación y en los próximos días debemos resolverlo”.
Según Latorre, “el gobierno debe explicitar públicamente qué rol juega Cox en esta administración. Su nombre reiteradamente está en negociaciones en que el sector público, a través de ministerios, tiene conversaciones con el sector privado”.
El parlamentario explica que ha hecho presente con anterioridad esta situación en la Cámara, “le he pedido al ministro de Transportes que aclare el rol, cargo y responsabilidad que tiene este empresario que ha aparecido directamente participando en negociaciones que el Estado llega a acuerdos o modificando contratos con el sector privado. Específicamente con Sonda, uno de los controladores de la AFT junto a los bancos”.
En el caso de la Ruta de la Madera, el diputado explica que también solicitó al ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, a través de un oficio en enero pasado, que se entregaran los pormenores de lo que fue la negociación “que termina con un pago que según los antecedentes que tenemos está muy por sobre lo que se estimó anteriormente”.
Y añade que “el papel de Cox es un tema adicional. Todas las personas que han participado en estas negociaciones son amigos entre ellos, por lo que se debería impulsar transparencia caiga quien caiga”.
Por su parte el presidente del PS, Osvaldo Andrade, expresa que “me parece atroz la figura del asesor ad honorem, ya que no existe, es una creación para ser un vehículo de influencia concreto”.
Según el ex ministro del Trabajo, “esto no sucede por primera vez. En el caso Kodama estaba este abogado que operaba como agente de facto. En este caso este asesor ad honorem es finalmente un actor político que todo el mundo entiende que realiza una labor de primera autoridad”.
Por eso, señala que “no cabe ninguna duda de que es importante aclarar la actuación de este asesor del círculo intimo del mandatario, porque ¿cómo es posible que quien tiene claros intereses en el mundo empresarial oficia de asesor y sin contrato?”.
Y añade que lo revelado por “el reportaje da cuenta de que para el Gobierno estas cosas dan lo mismo, nunca ha entendido la institución jurídica del conflicto de intereses. Además no hay conciencia de la gravedad de la situación, ya que entre otras cosas es imposible obligar a un funcionario público a oponerse a la recomendación u opinión que mane de una persona que tiene un rol sin formalidad pero cuya voz es la voz de la primera autoridad”.
