Sabas Chahuán se reunió hoy con un grupo de diputados de la comisión investigadora del lucro en la educación superior. Tras el encuentro, aseguró que está evaluando nombrar a un fiscal preferente debido a la «magnitud de los eventuales delitos».
Debido a la «magnitud de los eventuales delitos» que podrían establecerse a partir de la denuncia criminal presentada al Ministerio Público por los diputados de la comisión investigadora del lucro en la educación, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, decidió abrir una indagatoria para esclarecer los hechos.
«Se ha hecho formalmente una denuncia criminal y como toda denuncia la fiscalía tiene que investigarla con un afán claro y dilucidar si existe un delito penal o no existe: Lo que sí está claro es que se va a investigar acuciosamente», sostuvo.
Agregando que por «la magnitud de los eventuales delitos que se deben investigar creo que debería ser un fiscal preferente (el que lidere el caso) y para ello hablaré con el fiscal regional que corresponda».
«La comisión ha hecho una denuncia que aún no he leído y en general me han hablado más del problema que de los responsables (…) ha diagnosticado el problema y ha mencionado como ejemplos algunas instituciones, pero la fiscalía va a investigar los hechos y no indaga con predisposición alguna», precisó Chahuán.
Consultado por la posibilidad de que pueda en el futuro citar a declarar a los rectores de las universidades denunciadas, recalcó que todos los ciudadanos podemos ser citados a este tipo de diligencias. «Es importante, se nos está haciendo una denuncia concreta por supuestos ilícitos. Si no hay delito la fiscalía lo va a decir y si hay delito penal eso se va a formalizar ante tribunales. Lo importante es que se va a investigar», concluyó.
Quien también se refirió al mencionado informe fue el decano de la Facultad de Gobierno y director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán.
En el programa «El Primer Café» de Radio Cooperativa, el directivo sostuvo que el documento «es tan poco serio que se hacen imputaciones al voleo, se hacen afirmaciones de materia muy general con prácticamente un solo antecedente como fuente, y se hacen planteamientos incendiarios».
«El informe sólo trata tres casos concretos, y se anuncian —no se nombran— cinco casos más, entonces, ¿de qué estamos hablando?», indicó el también consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI.
«Las conclusiones son más grandes que los antecedentes propiamente tales: si el documento tiene 50 páginas, hay más de 30 de conclusiones, y es raro escribir de esa manera», indicó.
Según el decano de la Universidad del Desarrollo, en el informe «hay confusiones: tratan primero a una universidad de privada y después de pública, como es el caso de la Universidad de Concepción, errores conceptuales de ese tipo».
«Es una cosa impresionante cómo está mal escrito, se ponen cosas pegadas unas con otras, parece más un informe extraído de Ciper —que es un muy buen centro de investigación, pero pareciera que copiaron todo eso—, entonces nos podrían haber dicho que fuéramos directamente a internet», concluyó el economista.
