Titular de Justicia dijo que tiene un arma y que cree en “la defensa legítima”
Se trata de una de las nueve medidas que dio a conocer el Ejecutivo tras la Cumbre de Seguridad realizada en La Moneda luego que se intensificara el clima de violencia en la Novena Región. “Se intensificará el control vehicular en la zona y se pondrá particular énfasis en la recopilación de pruebas que acompañen las investigaciones de los fiscales», dijo Rodrigo Hinzpeter, en momentos que además han resurgido las denuncias de abusos policiales contra comuneros.
El traslado de un mayor contingente a La Araucanía fue una de las nueve medidas que La Moneda anunció para enfrentar los hechos de violencia en esa zona del país, en el marco de un Plan Especial de Seguridad.
El anuncio se produjo luego de la Cumbre de Seguridad sobre el tema que se llevó a cabo en la sede del Ejecutivo, en medio de la polémica que han generado los llamados a adquirir armas por parte de agricultores de la Novena Región, y que se encendió aún más después que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, lejos de criticarlos, defendiera el derecho a la “defensa legítima”, reconociendo de paso que poseía un arma en su residencia particular.
“No creo en la autodefensa, creo en la legítima defensa”, dijo el secretario de Estado.
El Plan Especial de Seguridad para La Araucanía fue anunciado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, tras la reunión en la que participaron, las máximas autoridades policiales y del Ministerio Público y representantes regionales. El Presidente Sebastián Piñera se dio tiempo también para asistir a una parte de la misma.
Hinzpeter detalló que «se continuará a la mayor velocidad la conformación del Área de Desarrollo Indígena en las localidades de Ercilla y Collipulli, anhelada por las comunidades que buscan que los organismos de la administración del Estado focalicen su acción en beneficio de un desarrollo armónico de la zona».
Asimismo, el anuncio que causó más controversia, debido a las nuevas denuncias de excesos policiales en la zona del denominado “conflicto mapuche”, fue el incremento de la dotación de efectivos. «Carabineros y la PDI incrementarán sus dotaciones regionales a modo de quedar en condiciones para brindar una respuesta adecuada a los desafíos que está imponiendo el actual clima de violencia», afirmó el titular del Interior.
Agregó que «Carabineros ha dispuesto el traslado y uso de tecnología de última generación, de vehículos debidamente habilitados y de equipamiento adecuado para enfrentar la violencia con plena coordinación y mas eficaces tácticas operativas. Se incrementará la capacidad de observación y detección a distancia, se intensificará el control vehicular en la zona y se pondrá particular énfasis en la recopilación de pruebas que acompañen las investigaciones de los fiscales».
Otra medida es la creación de una instancia regional conjunta de Carabineros y la PDI que compartirá de modo permanente la información a la que se haya accedido en cada investigación. “Se fortalecerá el trabajo de sus grupos de inteligencia”, dijo.
Asimismo, anunció la instalación de “una subcomisaría en la localidad de Pidima, comuna de Ercilla, y un retén en las cercanías de esa localidad».
Otra de las medidas es la formación de una Unidad Permanente y Especializada de abogados para el seguimiento de las querellas criminales, “con el objeto de instar a una estricta aplicación de la Ley Penal y lograr el efectivo esclarecimiento de los distintos crímenes”.
“El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Intendencia Regional, procederá a la formación de una Unidad Permanente y Especializada de abogados para el seguimiento de las querellas criminales. Esta unidad tendrá dedicación exclusiva sobre acciones judiciales violentistas ocurridas en la Región. El jefe de dicha unidad tendrá contacto directo y permanente con el Intendente Regional y el Subsecretario del Interior», destacó.
Hinzpeter dijo que la séptima medida es que «se dispone información de que existen múltiples medidas cautelares personales, entre ellas el arresto domiciliario total o nocturno, decretadas por los tribunales de justicia, cuyo cumplimiento no está siendo verificado con la acuciosidad exigida. Se elaborará una estrategia particular, incluyendo pero no limitando el incremento del control de estas medidas, para que estas se cumplan en la forma y fondo que ha establecido el respectivo tribunal».
La octava establece que «el Ministerio del Interior y Seguridad Pública enviará a la región un equipo multidisciplinario para evaluar ayuda y asistencia a víctimas de los atentados que han quedado en una situación de absoluta vulnerabilidad material o sicológica».
Finalmente «se convocará a una comisión de alto nivel, transversal y especializada para que asesore al Ministerio del interior y Seguridad Pública en la evaluación de enmiendas legales que permitan brindar eficacia concreta a la institución del testigo protegido, en un marco de completo respeto al debido proceso».
