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Abogado DC Luis Thayer, miembro de Colliguay

Accionista privado de La Nación arremete contra representantes del Fisco y advierte que deberán responder con su patrimonio

por 25 septiembre, 2012

Accionista privado de La Nación arremete contra representantes del Fisco y advierte que deberán responder con su patrimonio
La decisión adoptada el lunes pasado y que pone la lápida a la sociedad accionaria sacó ronchas entre los privados que controlan la entidad a través del 29% de acciones preferentes. Representados por Thayer, desconocen la validez de la junta que acordó la disolución y liquidación de la empresa, que desde el gobierno de Patricio Aylwin se privatizó de hecho.
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La polémica decisión de la Junta Extraordinaria del diario La Nación, que el lunes acordó la disolución y liquidación de la empresa, no fue bien recibida por los accionistas privados del medio, que representados por el abogado DC Luis Thayer, rechazaron la medida, denunciando la ilegalidad del procedimiento y dejando abierto el camino a posibles acciones legales.

Según señaló Thayer a La Segunda, los privados ligados a la Sociedad de Inversiones Colliguay, grupo de accionistas minoritarios de La Nación (29,52 %) no reconocen la validez de la junta que optó por poner la lápida al medio del que, según declaró el ministro de Economía Pablo Longueira, “fui víctima”.

El abogado, que junto al UDI Enrique Alcalde y el socialista Raimundo Valenzuela, hicieron un lucrativo negocio durante el gobierno de Patricio Aylwin a través de una sigilosa operación que les permitió tomar el control de la empresa periodística,  aseguró que “la pretensión de los directores del accionista mayoritario de disolver y liquidar La Nación sin una causa ni objeto lícito que lo justifiquen es caprichosa, totalitaria y antijurídica”, recalcando que se producirá “un grave daño a todos los accionistas de la empresa, incluso el Fisco, por ser el que posee la mayoría de las acciones (69%)”.

Además, agregó que los responsables de “estos perjuicios serán responsables con su patrimonio, no solo los directores elegidos por el Estado, sino también quien representa las acciones ordinarias y podría alcanzar hasta el propio ministro secretario General de Gobierno, que por decreto el 4 de septiembre pasado designó a quien provocó la realización de esta junta”.

Según Thayer  la junta extraordinaria “estaba insanamente viciada, porque la propuesta en la que se basó la citación no fue fruto de un acuerdo de directorio, como corresponde legal y estatuariamente, sino que se hizo con el voto en contra de los directores elegidos por las acciones preferentes”. Además, aseguró, no existió acuerdo para disolver la empresa, porque “más del 75% de las acciones preferentes estuvo por el rechazo. Si desconocen eso, es una situación de hecho y deben afrontar su responsabilidad. Quienes sigan adelante con esa ejecución responderán con su patrimonio”, afirmó.



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