De acuerdo al texto, el jefe de la bancada de RN manejó antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos, como asimismo distribuyó análisis elaborados por la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El diputado y jefe de la bancada de RN, Alberto Cardemil, estuvo a cargo de distribuir los análisis y fichas que la policía secreta de Augusto Pinochet hizo de los opositores a su régimen, de los cuales 38.000 fueron ejecutados, desaparecidos o torturados, según archivos secretos de la dictadura a los que tuvo acceso la agencia de noticias alemanas DPA.
De acuerdo a los archivos, Cardemil manejó antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos, como asimismo distribuyó análisis elaborados por la Central Nacional de Informaciones (CNI), como detalla el libro «Asociación Ilícita, los archivos secretos de la dictadura«, que será lanzado el 5 de octubre en el Museo de la Memoria por el corresponsal de dpa Mauricio Weibel y su colega Carlos Dorat.
“Adjunto me permito acompañar para la consideración de US. memorándum de CNI sobre actividades programadas por exiliados chilenos”, suscribió por ejemplo Cardemil en el oficio secreto 7042 del 24 de octubre de 1984, el que envío a Cancillería.
La información, como develan los miles de archivos secretos revisados, era obtenida a través del trabajo de espionaje e infiltración ejecutado por las propias embajadas chilenas, además de los agentes de la CNI destinados al exterior.
Cardemil, quien fue viceministro de Interior entre 1984 y el final de la dictadura en 1989, volvió a dejar en evidencia sus lazos con los equipos de inteligencia en el oficio secreto 1953, también dirigido a Cancillería.
“Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntar carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaria de la Solidaridad”, redactó.
El diputado, quien dice no recordar los hechos, envió dicha información para desacreditar el trabajo de la Vicaria de la Solidaridad, órgano clave de la Iglesia católica en la defensa de los derechos humano en dictadura.
La operación apoyada por Cardemil, que buscaba imputar una infiltración marxista en ese órgano eclesial, fue impulsada menos de un mes después de que tres profesionales comunistas fueran degollados por Carabineros (policía militarizada).
Una de las víctima del crimen, ocurrido el 30 de marzo de ese año, fue justamente José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaria de la Solidaridad.
Los otros fueron el profesor Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino, quienes investigaban en esos momentos la acción del Comando Conjunto, un equipo represivo integrado por miembros de todas las fuerzas armadas y de orden.
«Cardemil continuó pendiente del caso por un largo tiempo. El 14 de marzo de 1986 remitió a Cancillería el Oficio Secreto 962, timbrado como URGENTE», señala de hecho el libro de los periodistas Weibel y Dorat.
En dicho oficio, Cardemil entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe de Carabineros sobre la detención en una protesta del 11 de marzo de 1986 de Santiago Esteban Nattino Reyes, hijo del publicista homónimo asesinado a menos de un año atrás.
Coincidentemente, Manuel Guerrero Antequera, hijo de otro de los degollados, debió abandonar el país por ataques y seguimientos reiterados cuando era dirigente de los estudiantes de colegio.
El gobierno de Sebastián Piñera entregó en 2012 beneficios carcelarios a algunos de los responsables de este crimen, el coronel (r) Guillermo González y el sargento (r) José Fuentes, condenados inicialmente a cadena perpetua.
“Es una impunidad canallesca”, fustigó el sociólogo y académico Manuel Guerrero Antequera, hijo de una de las víctimas. “Me rebelo ante la indolencia de un Estado que beneficia a asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad”, ahondó.
Meses después de la acción contra la Vicaria de la Solidaridad, en 1986, Cardemil envió a Cancillería las fichas de los sacerdotes franceses Pierre Dubois, Jaime Lancelot y Daniel Caruette, con motivo de su expulsión de Chile.
La medida formó parte de una serie de expulsiones del país de religiosos extranjeros que el régimen de Pinochet consideró que realizaban acciones contrarias a sus intereses.
Las expulsiones, que fueron reiteradas a lo largo de los años, coincidieron con un esfuerzo del Vaticano, liderado por el papa Juan Pablo II, por remover de la Iglesia católica chilena a los sectores más progresistas, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez, quien compitió con Karol Wojtyła por el papado.
El régimen de Pinochet, instaurado tras el golpe militar que derrocó al presidente constitucional socialista Salvador Allende (1973-1990), realizó asesinatos dentro y fuera de Chile, incluidos atentados con explosivos en Estados Unidos y Argentina.
Hasta ahora el diputado Cardemil no explicó si retuvo copias de las fichas de los opositores a la dictadura. Tampoco aclaró si esa información, a veces obtenida bajo tortura, la utilizó en democracia.
El gobierno de Piñera, en antecedente de los hechos, tampoco ha emitido hasta ahora una condena al actuar del diputado, otrora estrecho asesor del general Pinochet, fallecido el 10 de diciembre de 2006, el día de los Derechos Humanos.
