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El caso ya llegó al Consejo para la Transparencia

Longueira se niega a hacer pública carta enviada por la Asociación de Bancos

por 16 octubre, 2012

Longueira se niega a hacer pública carta enviada por la Asociación de Bancos
El gallito que enfrentó al secretario de Estado con la banca por sus críticas al actuar del Sernac en el caso de la clonación de tarjetas en Temuco, se ventiló ampliamente por la prensa. El origen del enfrentamiento, también salió a la luz a través de los medios, que publicaron la existencia de una misiva a través de la cual el gremio liderado por Jorge Awad le hizo saber a Longueira su molestia por el tema. Pero la carta no salió a la luz. Ni siquiera cuando un particular la solicitó al Minecon, donde se rechazó la petición argumentando que era correspondencia “personal” del ministro. Postura que está en línea con la sistemática negativa del Gobierno a hacer públicos los correos electrónicos estatales y que se ha transformado en una dura guerra con el consejo liderado por Alejandro Ferreiro.
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“Le pediría a la ABIF —Asociación de Bancos e Instituciones Financieras— que no pautee al Ministerio de Economía ni al Sernac sobre el rol que debemos cumplir para defender los derechos de los consumidores del país”, fue la dura y mediática respuesta que el  ministro de Economía, Pablo Longueira, envió a la banca después que se fitrara la existencia de una carta, enviada a fines de agosto al secretario de Estado por el gremio, donde rechazaban el actuar del Servicio Nacional del Consumidor frente al fraude por clonación de tarjetas en Temuco .

La misiva, según consignaron diversos medios, obedecía a una decisión unánime del directorio de la ABIF, presidida por Jorge Awad, y fue enviada por la honda molestia que causó el actuar del Sernac en torno al caso, que afectó a más de 2.600 clientes. Principalmente, por las diversas exigencias que la entidad liderada por Juan Antonio Peribonio imponía a la banca, como la devolución íntegra de los recursos robados en 24 horas desde la detección del fraude, la compensación por cada día de atraso en la devolución de estos recursos, o el pago de los costos de los reclamos ante el Sernac.

La furia de la banca se basaba en que conforme a su opinión, el Sernac actuaba como mediador, juez y parte, y a que, según su percepción, no cuenta con las atribuciones para exigir estas condiciones.

Tras el impasse, Longueira terminó reuniéndose con el gremio. El viernes 7 de septiembre y pasadas las 18:00 horas, Jorge Awad y el gerente general de la entidad, Ricardo Matte, aterrizaban en las oficinas del ministro, con el fin de debatir sobre el tema.

Según señaló Awad al terminar la reunión, esta fue “amena”, destacando la disposición del ministro a la hora de evaluar los puntos planteados por la industria, adelantando que les enviaría una respuesta a la misiva.

A pesar de la firmeza desplegada por Longueira inicialmente en torno a la carta de la banca, a la hora de hacerla pública su postura fue muy diferente. El 30 de agosto y a través de una petición de información pública por parte de un particular, se solicitó al Minecon “una copia digital de la carta en cuestión, así como las que hubiera enviado la asociación de bancos en los últimos 60 días”.

La respuesta de la cartera, firmada por el subsecretario (S) de Economía, Christian Delso, fue negativa, argumentando que “su petición se refiere a correspondencia de carácter personal del ministro de Economía, Fomento y Turismo”.

El coletazo de los e-mails

El rechazo desde Economía de hacer pública una carta de la cual se discutió ampliamente en los medios y que incluso fue respondida por Longueira a través de la prensa, va en la línea adoptada por el gobierno en torno a la entrega de correos electrónicos institucionales, cuyo caso más emblemático es el de los e-mails del ministro de la Segpres, Christian Larroulet, solicitados por un ciudadano en 2011.

Para el coordinador legal de la Fundación Pro Acceso y patrocinante de la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso de los mails de
Larroulet, Rodrigo Mora, la negativa de entregar ahora la carta de la Asociación de Bancos a Longueira “es grave, pues nuevamente se está señalando que una correspondencia sobre asuntos del ejercicio de la función de un ministro de Estado cabe denegarlos por ser parte de su correspondencia privada”. Según el abogado, “este es un coletazo de la mirada restrictiva dada por los últimos casos en el Tribunal Constitucional”.

Ese caso enfrentó duramente al Consejo para la Transparencia (CPLT) con el gobierno, donde la premisa ha sido que todos los correos electrónicos son privados, postura que ha sido rechazada por la corporación presidida por Alejandro Ferreiro, que interpreta que estos tienen carácter público.

La polémica incluso llegó al Tribunal Constitucional (TC), que hace unos días declaró inconstitucional el criterio adoptado por la corporación presidida por Alejandro Ferreiro. Decisión similar a la adoptada frente a un caso análogo, vinculado a la publicación de correos electrónicos solicitados por el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, relativos a la reconstrucción después del terremoto del 27 de febrero de 2010. En ambos casos la última palabra quedará en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Para el coordinador legal de la Fundación Pro Acceso y patrocinante de la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso de los mails de Larroulet, Rodrigo Mora, la negativa de entregar ahora la carta de la Asociación de Bancos a Longueira “es grave, pues nuevamente se está señalando que una correspondencia sobre asuntos del ejercicio de la función de un ministro de Estado cabe denegarlos por ser parte de su correspondencia privada”.

Según el abogado, “este es un coletazo de la mirada restrictiva dada por los últimos casos en el Tribunal Constitucional. En este caso, en particular, se solicita una comunicación pública hecha a un ministro de Estado por parte de un actor de la industria regulada por él mismo, respecto del cual se pretende excluir injustificadamente del alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública. Constituye un abuso de la reserva, la cual se encuentra erróneamente fundamentada y esperamos que el consejo revierta este fallo lo más pronto posible”.

El Consejo para la Transparencia recibió la semana pasada un amparo por parte del particular que solicitó la misiva del ministro que suena como uno de los probables candidatos a la Presidencia. Acción que según el abogado Juan Pablo Olmedo es fundamental, ya que la carta “tiene un contenido de interés público manifiesto, evidente”.

En opinión de Olmedo el contenido de la misiva de la ABIF “guarda un evidente interés público, por lo que debiera ser abierta: el ministro hace referencia a ella, es una carta que cuestiona el exceso de celo del director del Sernac que es un tema en el tapete y que el sector privado no ha cuestionado solo en este caso, sino, por ejemplo, en la pelea por los cobros en los estacionamientos de los mall”.

Para el ex miembro del CPLT, que hoy representa a Mario Gebauer en el caso por los mensajes electrónicos de Rodrigo Ubilla,lo que está en juego es la información que opera en poder del Estado. El inciso que dejó el Tribunal Constitucional sin efecto implica que se interprete que la información pública es la que está solo asociada a un acto o decisión. Esa es la discusión que está recién empezando. Las posiciones están planteadas: el gobierno tiene una interpretación restrictiva al derecho de información pública, basada solo en la información vinculada a actos. En cambio el Consejo defiende que la información pública es toda la que obra en poder del Estado”.

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