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Entidad mantiene rencillas con La Moneda y otros organismos

Consejo para la Transparencia: el nuevo dolor de cabeza para el establishment

por 5 julio, 2012

Consejo para la Transparencia: el nuevo dolor de cabeza para el establishment
Difícil que un país como Chile, donde la cultura del secretismo se encuentra inserta en el ADN político y empresarial, la corporación presidida por Alejandro Ferreiro no genere anticuerpos. Cancillería rechaza tajantemente entregar nombres y sueldos de algunos abogados ligados al caso en La Haya. La entrega de los correos electrónicos institucionales es otro zapato chino para el gobierno, que incluso recurrió al TC. Pero los intentos por frenar la labor de la institución van más allá: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) incluso propuso en el Congreso, donde se discute la modificación de la Ley de Transparencia, quedar excluido de la normativa en casos de solicitud de información vinculada a los juicios en que es parte.
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En marzo de 2011 y justo dos años después de haber iniciado sus funciones, el Consejo para la Transparencia (CPLT) sufrió un quiebre en su interacción con el gobierno, ya que el diálogo entre el entonces presidente de la corporación, Raúl Urrutia, y la Segpres, encargada de coordinar los temas de transparencia de la administración, se congeló.

El rechazo por parte de Cristián Larroulet de los llamados de Urrutia y la declinación a diversas invitaciones no fue casual, ya que según relatan fuentes del sector, la molestia del gobierno estaba relacionada directamente con la decisión del Consejo que obligó al ministerio de Defensa a entregar los detalles de la compra del puente mecano instalado sobre el río Bío Bío. Historia que terminó con la renuncia del ministro del sector, Jaime Ravinet.

“Con el puente mecano empezó a cortarse el diálogo y luego vinieron otras resoluciones, como el primer caso de los e-mails, o la Fundación de Cecilia Morel. Paralelamente aumentaron los reclamos de ilegalidad por parte del gobierno, que además empezó a recurrir al Tribunal Constitucional. En definitiva se perdió el diálogo que existía hasta ese momento”, relatan las mismas fuentes. El distanciamiento con Urrutia se mantuvo hasta su salida del cargo, en octubre de 2011, de la que, según relató a este medio se enteró a través de la prensa.

Este episodio es uno de los tantos que ha debido sortear el Consejo —actualmente integrado por Alejandro Ferreiro, Vivianne Blanlot, José Luis Santa María y Jorge Jaraquemada— que al igual que la Contraloría en su minuto, ha ido agarrando vuelo y se ha convertido en un poder en sí mismo, jugando un rol que ha sacado ronchas en varios frentes.

Como el ministerio de Relaciones Exteriores, que junto a algunos parlamentarios y diversos medios de comunicación objetó duramente la decisión de la institución presidida por Alejandro Ferreiro  relativa a que Cancillería debe entregar a una ciudadana argentina los nombres y honorarios —desde enero de 2010 hasta octubre de 2011— de los abogados que representan a Chile ante la Corte Internacional de La Haya en la demanda que presentó Perú por los límites marítimos.

Según Ferreiro, “no advertimos la reacción que esto iba a tener”, sobre todo porque en la resolución adoptada por unanimidad “nos pareció claro que no podía afectar el interés nacional. Tampoco que hubiese generado algún daño respecto de la estrategia judicial de Chile que se conocieran las remuneraciones pagadas a los abogados. Son remuneraciones probablemente altas, pero lo son siempre”.

Pero los anticuerpos que han generado esta y otras decisiones del Consejo podrían pasarle la cuenta en el Parlamento, donde se discute un proyecto de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya ha sido aprobado en su mayor parte por la Comisión de Constitución. Pero aún están pendientes los temas más complejos. Entre ellos lo relativo a la entrega de los correos electrónicos por parte de los estamentos públicos —discusión que ha mantenido en permanente enfrentamiento a la institución y al gobierno— así como la petición del Consejo de Defensa del Estado de quedar excluidos de la Ley de Transparencia.

La batalla por los correos electrónicos

Han sido varios los callos que ha pisado el CPLT, que incluyen a instituciones que van desde Carabineros a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que alineada con la banca da la pelea para evitar transparentar información del negocio que el órgano autónomo los obligó a entregar.

Y si bien hay un consenso amplio y transversal sobre la importancia de la instancia para efectos de prevenir la corrupción, “donde no hay consenso es en cómo superamos la cultura del secretismo. Aquí podemos ver los debates que se están generando a propósito de los e-mails, o Defensa”, asegura el ex miembro del Consejo, el abogado Juan Pablo Olmedo.

Los anticuerpos que han generado esta y otras decisiones del Consejo podrían pasarle la cuenta en el Parlamento, donde se discute un proyecto de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya ha sido aprobado en su mayor parte por la Comisión de Constitución. Pero aún están pendientes los temas más complejos.

Sobre el tema, Alejandro Ferreiro señala que el escenario en que se mueve la corporación que preside se da en “una transición cultural incompleta: hasta antes de la Ley de Transparencia la información que se entregaba era sólo aquella que voluntariamente los órganos del Estado querían entregar. Por tanto el acceso a la información estaba subordinado a la voluntad de quien tenía la información. En cambio hoy con la ley y el Consejo, es un tercero imparcial el que resuelve. Primero el Consejo, eventualmente la Corte de Apelaciones”.

Por ello, concluye, “esto va a generar una potencial de incomodidad porque efectivamente voy a estar obligado a entregar lo que no me gustaría entregar. Y eso tiene un costo. Genera controversia, conflicto, cuestionamiento”.

Una de estas incomodidades se vincula a la postura del Consejo frente a la entrega de correos electrónicos institucionales, que incluso terminó con dos presentaciones ante el Tribunal Constitucional por parte de La Moneda. Una de ellas ya fue fallada y le da la razón al gobierno, lo que no es una señal positiva para el CPLT, donde lo ven como una derrota.

“En ese contexto, el Parlamento, el Ejecutivo y nosotros también nos estamos preparando para ver de qué manera afinamos una legislación específica que defina las condiciones, los criterios, bajo los cuales es posible revelar los correos electrónicos”, asegura el abogado de la Universidad de Chile.

Y agrega que “esto es una derrota para la tesis de la mayoría del Consejo. Ciertamente estimábamos que no estábamos frente a una comunicación privada y que la ley era lo suficientemente específica y determinada, que la ley era clara y no había que llamarse a engaño al asegurar que toda la información que obrara en poder de la administración cualquiera fuera su formato o soporte, era potencialmente pública incluyendo los correos electrónicos, las carpetas, los archivadores, etc. No hay para qué hacer una referencia específica a todas las formas de soporte de información porque la ley optó por una formulación amplísima: todo soporte cualquiera sea.

Por ello, estima que “claramente el gobierno tiene una posición muy distinta a la que fue la mayoría del Consejo respecto de los correos electrónicos y aparentemente ha tenido un resultado positivo en el TC. Creo que eso marca un grado de conflictividad con el gobierno, pero es una conflictividad que nunca ha desbordado los cauces correctos. El gobierno sabe, porque está en el diseño de la institucionalidad, que habrá muchas ocasiones en que el Consejo controvierta negativas iniciales de su parte, y esperar lo contrario, esperar que el Consejo cumpla un rol decorativo o que nunca genere un fallo que vaya a incomodarlos es simplemente esperar lo imposible, esperar que el Consejo decida ser nulo”.

Más allá del gallito en torno a los correos electrónicos, Ferreiro evalúa que “tampoco creo que haya habido gran transición en la implantación de la ley ni mayores presupuestos para poder cumplirla, lo que supone una carga para muchos funcionarios públicos (…) Pero los beneficios de ésta son globales, tienen que ver con cuestiones esenciales para la calidad de la democracia. Con participación social, con libertad de expresión informada, con control social, cuestiones que todo el mundo declara como muy importantes, pero a veces hay que pagar el precio para tener eso y ahí comienzan algunos naturales escarceos”.

Cuestionamientos que el CPLT enfrenta en diversos flancos. Uno de los más emblemáticos ha sido la pelea con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que incluso propone ser eximido de la Ley de Transparencia en casos de solicitud de información vinculada a los juicios en que es parte.

Consejo versus Consejo

Son cinco los reclamos de ilegalidad que han sido presentados por el Consejo de Defensa del Estado sobre acceso a la información pública en contra del Consejo para la Transparencia. De ellos, cuatro fueron rechazados y sólo uno acogido por tribunales.

Pero la pelea del CDE ha ido más allá del área judicial. En agosto pasado, el Presidente del organismo, Sergio Urrejola,  realizó una presentación ante la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, argumentando que la información que se le ha exigido entregar estaría protegida por el secreto profesional, y que esto podría afectar la estrategia judicial.

Por ello, el CDE propone modificar la Ley de Transparencia para que se le apliquen las disposiciones “en todo aquello que diga relación con la transparencia activa y, con respecto a la transparencia pasiva, en materia de actos y resoluciones propios de su gestión administrativa. Se excluirán de su aplicación, en consecuencia, las informaciones, cualquiera sea su soporte, referidas al cumplimiento de sus funciones propias de defensa jurídica y judicial del Estado y organismos que deba representar”.

En términos simples, se solicita ser excluidos en la aplicación de la ley, lo que en opinión de Ferreiro no se justifica. “Desde luego la revelación de un documento que afecta la estrategia judicial de una de las partes no hay que entregarlo, la ley lo tiene definido claramente. Pero no estamos en presencia de documentos respecto de estrategia judicial de casos abiertos, sino de información de casos cerrados -entre los que se cuenta una causa penal relativa a Colonia Dignidad iniciada hace 15 años y ya concluida, o casos cerrados relacionados con delitos y crímenes contra los derechos humanos en que hubiese intervenido el CDE a partir de 1990-. Y ahí lo que el Consejo de Defensa del Estado ha alegado es que básicamente no se les aplicaría la Ley de Transparencia porque la forma en que entienden el secreto profesional haría inviolable e impediría conocer la información que el Estado, su cliente, le entregaría al CDE, sus abogados”.

Bajo esta lógica, explica el abogado, “uno podría llegar al extremo de que bastaría ir al CDE y decir que hay algún juicio relativo a cualquier tipo de información pública para así protegerla bajo esta interpretación sobre el secreto profesional”.

La batalla entre ambos consejos también ha sido a nivel epistolar, a través una serie de cartas en que ambas partes entregan sus argumentos, y que se han publicado en los últimos días en El Mercurio.

Frente al tema, el presidente de la Comisión de Constitución, Cristián Monckeberg (RN), en la institución liderada por Urrejola “han visto que la gente a través de la Ley de Transparencia pide antecedentes que el CDE tuvo a la vista para llevar adelante determinada defensa o acción. Según ellos, esto atentaría contra la defensa judicial que llevan adelante, incluso el secreto profesional que lleva involucrado la defensa jurídica. Por eso plantean la necesidad de reformar la ley para que, tratándose de estos documentos, no se entreguen. Es el mismo planteamiento que tiene la Cancillería con el tema de La Haya”.

El parlamentario señala que “me parece razonable lo que plantean, pero hay que verlo bien y hay que ponerle condiciones”.

Pero Ferreiro no está de acuerdo, ya que asegura que “creemos que cada vez que la petición de antecedentes efectivamente afecte las gestiones judiciales es un buen punto para reservar, pero no se puede entender que toda la información del CDE quedaría cubierta con esta interpretación del secreto profesional. Esa tesis no la hemos compartido y la mayoría de las cortes de apelaciones tampoco”.

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