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Máximo tribunal se pronunciará corporativamente en “su momento”

Sector garantista de la Suprema manda mensaje y reafirma doctrina ante agenda reformista de Piñera

por 19 octubre, 2012

Sector garantista de la Suprema manda mensaje y reafirma doctrina ante agenda reformista de Piñera
Durante una ceremonia de juramento de abogados, el ministro Milton Juica esbozó los principios jurídicos que interpretan a una parte importante de la magistratura. El discurso despliega los argumentos doctrinarios con que se defenderán en la batalla que viene a propósito de “la reforma a la Reforma” que prepara La Moneda orquestada en medio de las críticas a la labor de los jueces.
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El silencio de la Corte Suprema esta semana, a pesar de las nuevas críticas del propio Presidente Sebastián Piñera a los jueces de garantía para justificar la idea de llevar adelante una reforma a la Reforma Procesal Penal (RPP), está lejos de reflejar acatamiento de los magistrados y menos un augurio que la iniciativa del mandatario será ajena a un álgido debate y duras críticas en el máximo tribunal del país. Como institución, esperarán que el anunciado proyecto de La Moneda llegue a sus manos para la revisión de rigor, pero algunos ministros del tribunal ya han marcado posturas que adelantan el intenso gallito que se avecina.

“Hoy en día, paradójicamente a quienes se les encarga la defensa de los derechos trascendentes para la sana convivencia y el prestigio del Estado de Derecho —y cuando lo hacen por devoción y principios— se les moteja de garantistas, dándoles a esa cualidad de la justicia, por algunos que conocen el derecho por referencia o por intuición, un sentido de peligro social”. Estas palabras corresponden al ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, quien el viernes 12 en calidad de presidente subrogante del máximo tribunal, encabezó el juramento de nuevos abogados.

Más de una vez los discursos de Juica hacen eco de la contingencia política-jurídica y el escenario actual, tensionado con la llamada “reforma a la Reforma”, no fue la excepción. Hay que recordar que desde el día uno que el Presidente habló públicamente de esta iniciativa, en La Moneda se precisó que quieren modificar la atribución exclusiva de los jueces de garantía para determinar la validez de una prueba; establecer mayores exigencias a las libertades provisionales y aumentar las atribuciones policiales en las detenciones.

Tres aspectos que coincidentemente fueron determinantes para que el Tercer Tribunal Oral de Santiago rechazara la tesis y argumentos del Ministerio del Interior y el Ministerio Publico en el “caso bombas” y por las mismas razones, la semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó categórica y unánimemente el recurso de nulidad que habían presentado en el mismo caso. Pero que también son áreas claves para la elaboración de un discurso público desde el gobierno —culpar a los jueces— para tener alguna respuesta a la promesa incumplida de campaña de ser capaces de terminar con la delincuencia y la puerta giratoria, un concepto que la propia derecha usó como bandera electoral por una década.

Juica precisó ese viernes 12 que una de las razones para dar al garantismo una connotación negativa, radica en “que una mayoría exigiría cuidar menos las garantías de unos pocos y asegurar en contrario la tranquilidad de los más”.

Al respecto, afirmó que “no se puede condenar o absolver a un hombre porque convenga a los intereses o a la voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de un inocente o la absolución de un culpable”, declaró el juez Juica citando en su discurso “Garantismo Penal” de Luigi Ferrajoli.

Por ello recordó que los abogados deben “realizar las actuaciones y formular los argumentos dirigidos a tutelar los derechos de su cliente sin consideración a la antipatía o impopularidad que pudieren provocar en el tribunal, la contraparte o la opinión pública”.

La voz de Juica no es la única en el máximo tribunal. Más de un magistrado mira a regañadientes que el debate de la reforma esté muy distante de la forma y motivos que generó hace doce años la RPP, sino que, por el contrario, surja como respuesta a un sentimiento de trasfondo que existe en Palacio y como el propio gobierno reconoce en privado: un garantismo que doctrinariamente no comparten en La Moneda y el convencimiento de que este impera gracias a una “mayoría de izquierda” entre los jueces.

Es más, el ministro Juica no dudó en interpelar a los abogados para “ser paladines de la defensa de los derechos de las personas” y que “se sumen a la minoría de los que, en cumplimiento del mandato antes dicho, con autonomía e independencia, se identifican como garantistas”.

El tono y contenido de Juica anuncia que más de un ministro de la “suprema” tendrá más de algo que decir cuando el proyecto de la reforma esté listo. No hay que olvidar que no solamente el Congreso tiene que pronunciarse sobre la iniciativa de Piñera, porque como ésta involucra funciones propias del Poder Judicial, el texto deberá pasar sí o sí por el análisis del máximo tribunal del país, que deberá emitir una opinión.

Los gallitos

Las palabras de Juica parecen casi un vaticinio de lo que se vendría esta semana, cuando el Presidente Piñera lanzó —el martes desde la localidad de Ercilla— una nueva crítica al Poder Judicial: “Uno ve que algunos jueces de garantía no están aplicando la ley con el espíritu con el cual fue aprobada, y a veces están más preocupados de los derechos de los delincuentes que de los derechos de las víctimas y de la inmensa mayoría de los chilenos”.

Fue evidente que en tribunales cayeron como plomo estas palabras, tanto que se barajó debatirlas en el pleno que el máximo tribunal realizó el miércoles en la mañana, pero al final los jueces optaron por el silencio.

Sin embargo, sobre la reforma a la Reforma el vocero de la corte, ministro Hugo Dolmestch, dejó claro que el máximo tribunal “va esperar el momento en que se le consulte en concreto y ahí dará su opinión sobre la materia”.

La voz de Juica no es la única en la Corte Suprema. Más de un magistrado mira a regañadientes que el debate de la reforma esté muy distante de la forma y motivos que generó hace doce años la RPP, sino que por el contrario surja como respuesta a un sentimiento de trasfondo que existe en Palacio y como el propio gobierno reconoce en privado: un garantismo que doctrinariamente no comparten en La Moneda y el convencimiento de que este impera gracias a una “mayoría de izquierda” entre los jueces.

La Asociación Nacional de Magistrados también marcó posiciones, criticando que una reforma de esta índole no puede ser fruto de la improvisación. “Un anuncio de esa índole puede inducir a error a la opinión pública, al instalar la idea de que los jueces penales no cuentan con mecanismos adecuados para controlar sus decisiones, en circunstancias que la Constitución y la ley vigentes si consideran medios de impugnación concretos que procuran evitar el error judicial”.

Además, los magistrados rechazaron las críticas gubernamentales debido a que “denotan el propósito de trasladar a los tribunales las responsabilidades vinculadas a la investigación de delitos y a la persecución penal, toda vez que los jueces resuelven de acuerdo a los antecedentes que los intervinientes les proporcionan en el proceso, con absoluta imparcialidad y con sujeción a la ley”.

La Moneda insiste que no hay intensiones de generar un conflicto con el Poder Judicial ni de atacar a los jueces, aunque nadie puede desconocer que la relación entre ambos poderes ha sido, al menos, compleja durante toda la administración Piñera.

 Los plazos

Tras una segunda reunión que esta semana se realizó en Palacio para “vestir” el anuncio presidencial del 3 de octubre, ayer el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, anunció la creación de una comisión especial asesora para la reforma a la Reforma que comenzará a trabajar este lunes 22 de octubre.

Esta comisión debe entregar resultados concretos el 8 de noviembre, con una propuesta para el Presidente Piñera. Estará integrada por el profesor Juan Domingo Acosta, la Directora de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, el diputado UDI, Edmundo Eluchans, el senador RN, Alberto Espina, además del representante del Instituto Libertad y Desarrollo, José Francisco García, y los académicos Julián López, Cristián Maturana y Jorge Bofill.

López es uno de los autores —junto a María Inés Horvitz— de uno de los textos fundamentales de la reforma “Derecho Procesal Penal Chileno”, publicada el 2002 y un segundo tomo el año 2004. Reconocido como liberal, defensor de los derechos fundamentales, es uno de los expertos relevantes en el tema, tanto que ha enseñado a jueces, fiscales y defensores a moverse de la mejor manera en el tejemaneje de la RPP.

En el mundo judicial comentan que López es uno de los pocos que en el seno de la comisión puede equilibrar el debate y llevarlo a una arena menos cargada a la sensibilidad predominante en La Moneda, tal como se espera de Espina y Eluchans.

El gobierno precisó que hay 23 aspectos que perfeccionar de la RPP, como permitir el actuar de las policías en las horas inmediatamente posteriores a ocurrido el delito; facilitar la participación de las víctimas en el proceso penal; generar medidas de protección de las víctimas de delitos sexuales y revisar incluso normativa vigente como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Una reforma de esta envergadura será difícil que vea la luz antes que termine el gobierno de Piñera y en La Moneda lo saben, como también hay conciencia que el Congreso no es el mejor lugar para un debate de esta índole en plena campaña presidencial y parlamentaria.

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