El abogado defensor, Ernesto Olivares, presentó ante el investigador del caso, Jaime Retamal, sus inquietudes sobre la relación que habría tenido Hugo Federico, ex socio de su cliente y dueño de Phoenix American Technologies, con el Ministerio del Interior durante la licitación del plan antidrogas. A raiz de esto, precisó que éste último debía citarse a declarar » en calidad que se estime conveniente» para responder por irregularidades.
Nuevas interrogantes salen a relucir en el caso que hace aproximadamente dos meses remeció al Ministerio del Interior y que desbarató una serie de sobreprecios en la licitación de la empresa Tecnodata, en la compra de equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte de esta cartera.
Por medio de un oficio enviado el 15 de noviembre, el abogado Ernesto Olivares, defensor del dueño de la empresa Tecnodata, Alfredo Giacoman, expresó al fiscal de la causa, Jaime Retamal, presuntas irregularidades en la conducta del ex socio norteamericano de la empresa, Hugo Federico, dueño de Phoenix American Technologies. Por lo mismo, solicitó nuevas diligencias por parte de la Fiscalía.
Según lo expuesto por Olivares en su misiva, a la que tuvo acceso Emol, Federico intentó ofrecer de manera informal al Ministerio del Interior un ahorro de aproximadamente 200 millones en comparación con lo ofrecido por Tecnodata.
“Llama poderosamente la atención que Hugo Federico -de Phoenix American Technologies- estuviera al tanto de los plazos y de la entrega efectiva o no de los documentos exigidos en los respectivos procesos de licitación”, aseveró el abogado en su escrito presentado al fiscal Retamal.
Además, acusa a agentes en Chile del ex socio norteamericano de utilizar información reservada para intentar truncar la licitación por parte de Tecnodata, datos a los que habrían tenido acceso gracias a un miembro de la División de Estudios, que según la defensa de Giacoman sería el abogado Manuel Cacho Gálmez.
Debido a esto, la defensa de Giacoman, precisó a la Fiscalía que se citara a declarar en «calidad que se estime conveniente» a éste último, junto con el asesor del presidente Sebastián Piñera, Jorge Alessandri Vergara, y a Sergio Carvajal Rivera, ambos parte del equipo de abogados de Federico.
Olivares, además, requirió la autorización para obtener el registro de llamados telefónicos entre los meses de enero y octubre del 2011 y la entrega volu
ntaria de computadores, telefónos celulares y laborales.
