Organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas solicitan una mayor participación en los procesos de Gobierno Abierto
ONGs de Chile y el resto de la región, ligadas al acceso a la información y la transparencia, aprovecharon la actividad que reunió a autoridades, parlamentarios e instituciones del mundo, para manifestar su inquietud por el poco espacio que los Estados les han otorgado para el diseño y desarrollo de los planes de acción. De paso, realizaron una serie de propuestas que consideran fundamentales para el efectivo funcionamiento del gobierno abierto.
“Generar mecanismos que faciliten y garanticen la participación de organizaciones de la sociedad civil”.
Esta fue la principal solicitud que más de 20 agrupaciones de la región realizaron durante el Encuentro Regional de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), celebrado el 10 y 11 de enero pasado, en la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL).
Según las organizaciones, entre las que se encontraban las pertenecientes a las redes internacionales Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, y Transparencia Internacional; “no han sido lo suficientemente satisfactorias las convocatorias de los Estados nacionales para la participación de la sociedad civil en la construcción de los planes de acción”. Así lo explica la secretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Karina Banfi.
Por ello, los representantes de la sociedad civil aprovecharon los diversos talleres y paneles desarrollados durante el Encuentro en CEPAL –en los que participaron autoridades como Cristián Larroulet y José Miguel Insulza, entre otros–, para manifestar su inquietud frente al tema. Tal fue el caso de la gerente de Transparencia Internacional Zoe Reiter quien, en su exposición, aseguró que “se deben entender los proyectos de Gobierno Abierto no para la ciudadanía sino que con la ciudadanía”.
De paso, las ONGs transmitieron una serie de propuestas para el efectivo funcionamiento del Gobierno Abierto, que van desde la importancia de ampliar los planes de acción desde el Ejecutivo a otros poderes y organismos del Estado –como el Judicial y el Parlamento–, a la necesidad de un plan que permita la selección transparente y efectiva de representantes de la sociedad civil en las diversas instancias de OGP.
A ellas, se sumaron otras recomendaciones que pretenden mejorar los reportes independientes, el área comunicacional de la Alianza de Gobierno Abierto, y la necesidad de llegar a una definición de Gobierno Abierto, y de incluir en estos procesos a organizaciones civiles de países que no participan en OGP, como Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Las propuestas fueron consensuadas por las organizaciones ciudadanas participantes, durante una reunión organizada por la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, el Departamento de las Américas de Transparencia Internacional y Fundación Pro Acceso. Según el director ejecutivo de esta última, Moisés Sánchez, la junta les permitió definir “las prioridades sobre las cuales se debe avanzar en nuestro continente para lograr que el OGP pase de ser una aspiración a una realidad. Entre estos, profundizar la participación pública y mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de OGP es clave”.
En la reunión participaron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, Artículo19 Brasil, Transparencia por Colombia, Costa Rica Integra, IPLEX de Costa Rica, Fusades de El Salvador, Acción Ciudadana Guatemala, Fundación Democracia Sin Fronteras Honduras, Grupo Sociedad Civil Honduras, Participación Ciudadana República Dominicana, Transparencia Mexicana, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Panamá, IDEA Paraguay, Pro Ética Perú, CAINFO Uruguay y Fundar México. También estuvieron presentes Global Integrity y la unidad de Apoyo de OGP. Por Chile asistieron Fundación Ciudadano Inteligente, Chile Transparente, Fundación Pro Bono, y Corporación Participa.