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Presupuesto 2027 pone fecha de cierre a Prodemu: deberá cesar sus funciones en marzo
El proyecto de Presupuesto fija el 31 de marzo de 2027 como fecha para que Prodemu cese sus funciones y contempla recursos solo para su cierre, liquidación y disolución. La fundación tiene 380 trabajadores y su término deja en incertidumbre a 942 participantes de Mujeres Rurales.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 puso fecha al eventual cierre de Prodemu. La propuesta ingresada por el Gobierno de José Antonio Kast establece que la fundación podrá financiar sus operaciones solo hasta el 31 de marzo del próximo año, jornada a partir de la cual deberá cesar sus funciones si la disposición no es modificada durante su tramitación en el Congreso.
Prodemu fue la primera institución en Chile destinada a resguardar los derechos de las mujeres y fue fundada por Leonor Oyarzún, primera dama durante el gobierno del expresidente Patricio Aylwin.
De acuerdo con información recabada por radio Bío Bío, la partida 27, correspondiente al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, establece que el Estado entregará recursos a la fundación “para sus gastos operacionales, incluidos gastos en personal y bienes y servicios de consumo, hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual debe cesar en su funcionamiento”.
El proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contempla además que esos recursos puedan utilizarse para financiar los “gastos necesarios para el cierre, liquidación y disolución de la entidad”.
Dentro de esos desembolsos se incluyen indemnizaciones y otras prestaciones laborales, además de honorarios, obligaciones con proveedores y acreedores y otros compromisos vinculados al término de sus operaciones.
Actualmente, Prodemu cuenta con 380 funcionarios distribuidos a lo largo del país, desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo Rapa Nui.
El eventual cierre también genera incertidumbre respecto de la continuidad del programa Mujeres Rurales. Actualmente existen 942 participantes que cursan el segundo año del plan de apoyo y que podrían no completar los tres años contemplados por la iniciativa.
A ellas se suman otras 755 mujeres que ya habían quedado fuera del primer año después de que el Ejecutivo anunciara el término del convenio.
Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género atribuyeron la decisión a la situación financiera que enfrenta Prodemu, la que califican como irrecuperable y cuyo origen vinculan a los cambios implementados durante el gobierno de Gabriel Boric.
Según antecedentes publicados previamente por Bío Bío Investiga, la fundación llegó a acumular una deuda superior a $2.600 millones.
Desde la cartera apuntan particularmente a la reorganización impulsada en 2022 por Irina Karamanos, entonces pareja del expresidente Boric, cuando las fundaciones que dependían de la Dirección Sociocultural de la Presidencia fueron traspasadas a distintos ministerios.
Karamanos explicó entonces que la decisión buscaba, entre otros objetivos, “modernizar” el rol institucional asociado a la primera dama. Prodemu fue una de las organizaciones incluidas en ese proceso.
El Ministerio de la Mujer, actualmente encabezado por Judith Marín, precisó, sin embargo, que la decisión formal sobre el futuro de Prodemu no depende de la cartera debido a su naturaleza jurídica.
Desde el ministerio recalcaron que se trata de una fundación privada y que “sus funcionarios no son públicos”.
La cartera sostuvo además que su papel consiste en transferir recursos con el objetivo de financiar los programas destinados a las beneficiarias y cuestionó la proporción del presupuesto que actualmente absorbe el funcionamiento de la institución.
“Lo que hace el ministerio es una transición de recursos para asegurar que lleguen a los programas y a mujeres. Actualmente, el 80% de los recursos destinados a Prodemu, se van a sueldos. No están llegando a los beneficiarias de los programas”, aseguraron.
De mantenerse sin modificaciones la propuesta presentada por el Ejecutivo, Prodemu tendrá recursos para continuar sus operaciones únicamente durante los primeros tres meses de 2027 y para financiar posteriormente su liquidación y disolución. El Congreso tendrá ahora la posibilidad de modificar esa decisión durante la tramitación del Presupuesto.
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