Araya por 5 carabineros asesinados: “El Gobierno piensa que la seguridad se resuelve con pirotecnia”

Cinco carabineros asesinados desde marzo y dos de ellos en apenas una semana volvieron a instalar el debate sobre la estrategia de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast. Para el diputado independiente pro PPD Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el Ejecutivo ha privilegiado una agenda legislativa que, a su juicio, no está respondiendo a los problemas que enfrentan los funcionarios policiales.

En conversación con Al Pan Pan, de El Mostrador, el parlamentario reconoció que el escenario podría prestarse para cobrar políticamente al Gobierno sus resultados en una de las materias que situó entre sus principales prioridades, pero descartó hacerlo. “Quiero ser bien sincero hablando bien humanamente. La tentación de cobrársela es brutal. Pero yo no voy a caer en eso”, afirmó.

Sin embargo, Araya apuntó directamente contra la estrategia desplegada por La Moneda durante sus primeros meses de administración. “A mí me parece que el gobierno piensa que los problemas de seguridad se van a resolver con su estrategia de pirotecnia legislativa”, sostuvo.

El diputado acusó al Ejecutivo de impulsar iniciativas que, a su juicio, no contribuyen a enfrentar los problemas de fondo y, al mismo tiempo, retrasan la discusión de otras medidas que considera prioritarias.

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“Presentan proyectos inútiles, proyectos que no sirven y proyectos que hacen perder el tiempo. Y los proyectos importantes se han demorado mucho más de la cuenta. Proyecto inútil, vándalos e incivilidades”, señaló.

Entre sus principales cuestionamientos incluyó la reforma constitucional de seguridad presentada por Kast, cuyo diseño original terminó siendo retirado por el Ejecutivo después de semanas de negociaciones y reparos tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

“Segundo, la reforma constitucional que presentó el presidente de la República y que tiene al Senado hace un mes y algo, conversando de una cosa que es absolutamente innecesaria, inútil, dictatorial y autoritaria”, afirmó Araya.

El parlamentario también cuestionó la reforma migratoria y, particularmente, la propuesta de ampliar el plazo disponible para concretar expulsiones.

“Tercero, el tema de la reforma migratoria y la ampliación de los cinco días. ¿Por qué yo digo que es inútil? Porque del 100% de las expulsiones que se hicieron en ese régimen, el 96% se hicieron dentro de los cinco días y el 4% restante nunca se pudo ejecutar”, sostuvo.

Las críticas de Araya también alcanzaron las medidas anunciadas por el Ejecutivo para mejorar las condiciones económicas de los funcionarios de Carabineros. El diputado cuestionó los términos en que, según señaló, terminaría materializándose el bono trimestral comprometido con la institución.

“A Carabineros se les comprometió el bono trimestral, que en buenas cuentas es un sueldo adicional cada tres meses. Todo el mundo feliz con eso, y resulta que ahora enteramos que es el 80% de un sueldo mensual que se va a dividir en cuatro cuotas para hacerlo pasar por bono trimestral”, afirmó.

Araya planteó además reparos al diseño del denominado bono de riesgo. A su juicio, existe una discordancia entre los grados de los funcionarios que han resultado muertos en procedimientos y aquellos que recibirían los mayores montos del beneficio.

“Y el bono de riesgo, que es lo que más habla este gobierno, está mal diseñado, porque cuando uno mira quiénes son los que mueren, son particularmente carabineros, cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, y algunos sargentos”, sostuvo.

“¿Quiénes son los que más reciben? Capitanes y tenientes”, agregó.

Las declaraciones se producen después del asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos en Quilleco, quien murió tras recibir un disparo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar. Su muerte ocurrió apenas una semana después del crimen del cabo Cristopher Aguilera en Lo Espejo, caso que llevó al Ejecutivo a insistir en acelerar su agenda legislativa de seguridad.

Para Araya, sin embargo, la respuesta no debería concentrarse en sumar nuevos proyectos, sino en revisar cuáles de las iniciativas tienen efectos concretos y en cómo se distribuyen los recursos y beneficios destinados a quienes cumplen funciones operativas.