Fiscalía responsabiliza a ex subsecretario de Bachelet por la muerte de 122 personas el 27/F
La fiscal dijo que “el entonces subsecretario desestimó la información entregada por el PTWC (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, por sus siglas en inglés) y no contrastó esos datos con lo que decía el SHOA a esa hora, asegurando a un medio de comunicación que no habría maremoto, lo que fue replicado por otros medios de comunicación, especialmente las radioemisoras, que transmitían a esa hora”.
La fiscal Solange Huerta reformalizó a los ocho imputados en el caso Tsunami, entre los que se encuentran el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, por cuasidelito de homicidio y lesiones por la muerte de 122 personas en las costas del país producto del maremoto, tras el violento terremoto de la madrugada del 27 de febrero de 2010.
Al ex jefe de turno de la Onemi durante ese 27 de febrero, Osvaldo Malfanti, sólo se le imputó el primero de los delitos.
Los nuevos antecedentes en el caso fueron entregados por la fiscal de la zona metropolitana Occidente, Solange Huerta, los cuales están contenidos en el segundo informe que elaboró la PDI.
La fiscal explicó que “a las 04:30 horas del 27 de febrero, llegó a la Onemi el jefe de alerta temprana, Johaziel Jammet, quien recibe el documento del Shoa. No reparó en la contradicción de la información verbal que dice que no habrá maremoto y el fax del Shoa que anuncia posible tsunami. No tomo ninguna decisión”.
Y agrega que a las 04:49 horas Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez cancelan la alerta de tsunami del Shoa “actuando de manera negligente y temeraria”.
Huerta sigue, precisando que a las 06:25 horas, el Shoa envía un segundo fax con información alterada, falsa y conclusiones contradictorias, debido a que se indica en el documento que sólo hubo variaciones menores en el nivel del mar en las costas chilenas.
La fiscal explicó que los tres —Andina, Rojas y Enríquez— “nunca debieron cancelar la alerta de tsunami”, afirmando que desde las 05.15 horas tuvieron información suficiente para rectificar su decisión.
Y añade que cerca de las 05:00 horas los imputados Fernández, Jamett y Rosende pudieron comunicar la información y no actuaron de forma consecuente.
La fiscal Huerta dijo que “el entonces subsecretario desestimó la información entregada por el PTWC (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacifico, por sus siglas en inglés) y no contrastó esos datos con lo que decía el SHOA a esa hora, asegurando a un medio de comunicación que no habría maremoto, lo que fue replicado por otros medios de comunicación, especialmente las radioemisoras, que transmitían a esa hora”.
Por su parte, el abogado Raúl Meza solicitó al tribunal pronunciarse sobre el requerimiento de formalización a la ex Presidenta Michelle Bachelet por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de tsunami.
El fiscal Andrés Castellanos enfatizó que la ex mandataria no tuvo responsabilidad alguna, de acuerdo a los antecedentes de la investigación, por lo que el tribunal decide no acceder a la petición de Meza.
Rosende a la salida de la audiencia de reformalización defendió a la ex jefa de Estado, afirmando que “hay un intento horroroso y despiadado contra la ex Presidenta Bachelet. No pasarán más allá de mi”.
Carlos Aranda accede a salida alternativa
En tanto, el ex jefe de turno del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Carlos Aranda, aceptó una salida alternativa que le ofreció la fiscalía, por lo que el tribunal acogió la suspensión condicional estableciendo tres condiciones, cuales son: fijar domicilio, dar cinco jornadas de capacitación de sismología desde la V a la VIII Región en colegios, liceos y establecimientos primarios y pedir disculpas públicas.
Durante su intervención, el imputado se disculpó mencionando que “lo lamento desde ese mismo día”.
Las condiciones aceptadas por Aranda serán vigiladas por el Ministerio Público en un plazo de 18 meses y en caso de incumplirlas, el imputado arriesga una pena de 3 años.