El pasado 10 de enero la PDI detuvo a Jenifer Suley, quien se encontraba en Chile en calidad de refugiada, y la mantuvo presa en un cuartel policial durante casi dos meses. A finales de marzo, la mujer fue deportada de vuelta a su país.
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una inmigrante colombiana. Se trata de Jennifer Suley Candela Riascos,, una ciudadana colombiana detenida en condiciones irregulares por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 20 de enero, en el marco de un procedimiento de expulsión. La mujer permaneció detenida por casi dos meses en un cuartel policial en la ciudad de Arica, a la espera de un decreto de expulsión.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Jorge Barahona ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica que había acogido la acción cautelar en favor de Jeniffer Candela Riascos, detenida entre el 10 de enero y el 14 de marzo.
El fallo determina que hubo actuar ilegal de la PDI al mantener en prisión a la inmigrante por un plazo mayor al de 24 horas que faculta la ley. Los jueces apuntan que «la privación de libertad de la amparada -entre el 20 de enero del año en curso y el 14 de marzo último, sin haber podido ejercer el derecho a reclamo ni el de contar con defensa, en condiciones materiales muy limitadas e indignas- pone en evidencia que esa privación no cumplió con los requisitos señalados, en términos que permiten afirmar, sin lugar a dudas, que fue ilegal y arbitraria; tal como, por lo demás, lo concluye el fundamento décimo de la resolución en alzada»
A finales de marzo, la mujer fue deportada de vuelta a su país pese a que desde 2010 se encontraba en Chile en calidad de refugiada.
