Caso CNA:
En cuanto a la arista del lucro que está siendo revisada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, según indagó este medio, hay órdenes de investigar despachadas a la Policía de Investigaciones (PDI) y se están evacuando preinformes relativos a cuánto dinero se ha destinado a pagos de empresas y personas relacionadas con planteles de educación superior, respecto a los cuales se sospecha que lucran.
Tres ex rectores y un alto funcionario de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) son los cuatro formalizados como consecuencia de la investigación impulsada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en torno a las escandalosas irregularidades en los procesos de acreditación de diversas instituciones de educación superior.
Y si bien fuentes relacionadas al Ministerio Público “ven como muy poco posible la formalización de otra persona por el momento”, la Fiscalía tiene en la mira a otro tipo de responsables: las universidades.
Así lo explican fuentes ligadas al caso, que señalan que se intenta plantear la responsabilidad penal de las personas jurídicas —en este caso los centros de educación superior— por cohecho.
Quienes enfrentan este escenario son las mismas instituciones cuyos representantes han sido formalizados, es decir las Universidades del Mar, SEK y Pedro de Valdivia.
[cita]Si bien fuentes relacionadas al Ministerio Público “ven como muy poco posible la formalización de otra persona por el momento”, la Fiscalía tiene en la mira a otro tipo de responsables: las universidades.[/cita]
Todo esto en el marco de la solicitud de el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se investigara, tras lo cual se abrió una investigación por la posible responsabilidad de personas jurídicas por cohecho. Una ley de 2009 —de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas— es la que permite perseguir la responsabilidad penal en determinados delitos por parte de instituciones con personalidad jurídica. El cohecho es uno. El requisito previo es que haya una persona natural formalizada que represente a la entidad, lo que se cumple para los tres planteles mencionados.
En cuanto a la arista del lucro que está siendo revisada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, según indagó este medio, hay órdenes de investigar despachadas a la Policía de Investigaciones (PDI) y se están evacuando preinformes relativos a cuánto dinero se ha destinado a pagos de empresas y personas relacionadas con planteles de educación superior, respecto a los cuales se sospecha que lucran.
Las instituciones que enfrentan estas indagaciones son todas las que fueron mencionadas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entre las que se encuentra la Universidad de Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás, del Desarrollo y Uniacc.
