“Hubo una demora desde enero hasta hace unos pocos días. Este retraso excesivo nos ha traído problemas y deseamos que en el futuro no sea así. Es un tema que conversamos con el presidente del Senado (Jorge Pizarro) cuando lo fui a visitar unos días atrás”, explicó el timonel del máximo tribunal del país.
El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, valoró la postulación de la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesich, para integrar el máximo tribunal del país, respaldando de esta forma la propuesta hecha por La Moneda.
En entrevista al diario La Tercera, Ballesteros señala que la ministra es una persona “plenamente habilitada y preparada para ser ministra de la Corte Suprema”.
Chevesich obtuvo la mayor votación entre los miembros de la Suprema al elaborar la quina de candidatos que suplirá a Adalis Oyarzún, ante lo cual el presidente del máximo tribunal señala que “hay que considerar otro factor, además de sus cualidades personales, que su incorporación a la quina también responde a la necesidad de incluir entre los candidatos a una mujer, especialmente teniendo en cuenta que entre los ministros que se fueron había dos mujeres”.
Ballesteros también aborda el eventual retraso por temas políticos para llenar los cupos en la Suprema, mencionando que existió una demora desde enero hasta hace unos pocos días atrás y “este retraso excesivo nos ha traído problemas y deseamos que en el futuro no sea así”.
“Es un tema que conversamos con el presidente del Senado (Jorge Pizarro) cuando lo fui a visitar unos días atrás”, explicó el supremo.
Respecto al bloqueo sufrió la propuesta del juez Juan Muñoz, Ballestero aspira que no se repita este problema en el futuro.
“No es bueno lo que le sucedió, ni lo que ha ocurrido en años anteriores respecto de otros postulantes a la Corte Suprema que fueron rechazados. Esperemos que de ahora en adelante las cosas marchen más fluidamente y tengamos de manera oportuna la provisión de las vacantes”, sostiene.
En la oposición existe sorpresa por la propuesta de La Moneda, ya que la figura de la magistrada es controvertida porque aún se mantiene en el recuerdo que en el caso MOP- Gate, ordenó el procesamiento de figuras emblemáticas de la Concertación durante la administración de Ricardo Lagos como el ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz; el ex subsecretario de Transportes Guillermo Díaz y el ex jefe de gabinete del presidente y primo de la entonces primera dama, Luisa Durán, Matías de la Fuente.
En cuanto a los temas ambientales y la crítica hecha por el Presidente Sebastián Piñera respecto a que existe una judicialización de estos proyectos, Ballesteros señala que “es una preocupación racional y justificable que tiene el Presidente, por cuanto hay proyectos importantes, tanto para los efectos de la energía eléctrica para los próximos años como para otras materias. Si esos no continúan, se retrasan o se suspenden, desde luego que afecta al gobierno y al Presidente no le gusta, pero esto no significa que rechace la acción del Poder Judicial”.
Y explica que la gente recurre a los tribunales porque “el día que las instituciones del Estado que deban resolver estas materias tengan la confianza de la ciudadanía, de seguro esas personas no recurrirán a los tribunales. Se van a conformar con las decisiones justas y pluralistas de los organismos. Hoy, en virtud de estas acciones que se emprenden por las organizaciones sociales, el Poder Judicial tiene la confianza de la gente”.
En cuanto a la avalancha de reclamos ante el incremento de precios en los plantes de las isapres, Ballesteros menciona que los tribunales han estado conociendo en forma masiva recursos de protección y “los tribunales están resolviendo, cumpliendo con nuestras obligaciones”.
Asimismo, rechaza los cuestionamientos hechos por las isapres en el sentido en todos los casos los pierden.
“Yo confío en una acción independiente sin compromiso y sin objetivo escondido u oscuro de los tribunales nacionales”, precisó, añadiendo que si continúa el incremento “tendremos que pedir al Ministerio de Hacienda los recursos suficientes para mantener a los tribunales funcionando con el número de jueces y funcionarios necesarios”.
