«Ante la oportunidad, pienso que surgieron estos casos. Por una legislación con poco control, algunos se aprovechan por tener conocimiento de esas circunstancias», sostuvo.
Luis Hermosilla, uno de los abogados convocados por el Ministerio del Interior para determinar eventuales responsabilidades en el pago de pensiones a falsos exonerados políticos, aseguró que su tarea primordial será buscar la manera de detener la entrega de estos beneficios en aquellos casos donde se confirme la irregularidad.
En entrevista con el programa «Hablemos en Off» de Radio Duna, el profesional aseguró que si bien la ley de reparación que otorga beneficios previsionales por gracia a personas despedidas de sus trabajos por razones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, «obedeció a una buena disposición para solucionar una tragedia, ciertas personas se aprovecharon de los beneficios que se establecieron».
«Ante la oportunidad, pienso que surgieron estos casos. Por una legislación con poco control, algunos se aprovechan por tener conocimiento de esas circunstancias», sostuvo Hermosilla.
A eso se sumó, dijo, en una mala técnica legislativa respecto de los controles que se ejercían para cautelar el patrimonio. En ese sentido, aseguró que «los parlamentarios que emitieron esos certificados tendrán que contar qué es lo que hicieron y decir qué antecedentes tenían a la vista. Cómo funcionaban. Por qué algunos de ellos tenían oficinas de exonerados».
El abogado que se encuentra participando en el comando del abanderado de RN a la Presidencia, Andrés Allamand, explicó que el informe de la Contraloría sobre falsos exonerados establece que de una muestra aleatoria de 9 mil casos -sobre un universo total de 76 mil – hay el orden de 3 mil casos en los cuales considera que se está pagando beneficios sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
«Si uno revisa el informe se pude apreciar que los últimos números de esos RUT están encubiertos con una X. Se tiene que aproximar el momento en que la Contraloría identifique exactamente a esas personas, porque si el ente contralor está diciendo que aquí hay irregularidades en el pago de ciertos beneficios o prestaciones por parte del Estado a más de tres mil personas no puede continuar todo los meses haciéndose esos pagos», insistió Hermosilla.
«El primer encargo que tenemos los abogados que convocó el Ministerio del Interior en esta tarea, es precisamente buscar una manera de que aquello que se ha vuelto irregular -todos los meses- no se siga produciendo, porque quiere decir que esos 60 millones de dólares que dice la Contraloría que fueron pagados equivocadamente o malamente van a seguir incrementándose aún solo si tomamos en cuenta estos tres mil casos», recalcó.
«Ya en 2008, hay declaraciones de Camilo Escalona criticando el funcionamiento de este sistema y diciendo que se le estaba dando la calidad de exonerados políticos a personas que no lo eran. Él habla en esa época de un cierto ‘clientelismo político’ porque de hecho existían oficinas de exonerados de algunos parlamentarios particularmente en regiones», recordó.
«La afirmación de Raúl Cerpa, presidente de la Comisión Nacional de Exonerados Políticos, que las viene haciendo sistemáticamente hace muchos años y que producen un cierto efecto en la prensa que se inflan y después se desinflan. Hoy día -más allá de que ciertos actores políticos o sociales expresen una opinión es la Contraloría la que dijo sobre los tres mil casos- lo que estamos tratando de hacer es tratar por una parte obtener toda la información y por otro lado tratar de que las instituciones que tienen que vincularse con este caso hagan lo que tienen que hacer», concluyó.
