«Estamos frente a una máquina; llamémosla instrumentalización política y –lo que es más grave- utilización, entre otras cosas, para favorecer en las campañas políticas a candidatos», sostuvo el subsecretario del Interior.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, insistió en que en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se montó una «máquina para defraudar al Fisco» con el fin de beneficiar a falsos exonerados políticos con la finalidad de favorecer campañas políticas.
En entrevista con Radio Cooperativa, la autoridad explicó que hay tres leyes que establecieron las pensiones para exonerados (1993, 1998 y 203). En está última, dijo, es donde «tenemos el verdadero problema».
«En esa ley, que fue aprobada principalmente por los parlamentarios de la Concertación -con reparos de parlamentarios como la señora Evelyn Matthei, que era senadora- ya se denuncia que estaba hecha para favorecer lo que hemos visto una década después», recalcó Ubilla.
«Yo hice la denuncia el año 2010 y la reiteré el 2011, entregué los informes el 2012 que dieron origen a lo que la Contraloría General de la República dio a conocer la semana pasada. Queda claro con la información que nosotros entregamos, más la información de la Contraloría, cuando estamos hablando de que aproximadamente un 30 por ciento, sobre la base de una muestra, presenta graves problemas e irregularidades, que esto no es una cosa pequeña, casual, casuística», agregó.
«Estamos frente a una máquina; llamémosla instrumentalización política y –lo que es más grave- utilización, entre otras cosas, para favorecer en las campañas políticas a candidatos. Lo que estoy diciendo es que la última ley, la de 2003, abrió una puerta que fue instrumentalizada por muchos actores –porque no fue una persona- que permitió el escándalo que estamos viéndole día de hoy», hizo hincapié el subsecretario del Interior.
En ese sentido, insistió en que en este tema «se generó una complicidad entre parlamentarios, autoridades del Gobierno de la señora Bachelet y el señor Lagos y los propios solicitantes para defraudar al Fisco. (…) Eso lo venimos diciendo desde el año 2010 y yo quiero decir cosas que le van a doler a más gente».
«El año 2010 yo fui a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde su presidente, el señor Sergio Ojeda (DC) tapó esta situación. Yo fui sin publicidad, entregué los datos, y resulta que el señor Ojeda, diputado de la República por muchos años, también tiene entregados certificados a exonerados. El año siguiente, el 2011, dentro del marco de la comisión hice ver escándalos como el del diputado (PPD) Enrique Jaramillo, quien en mayo del año 2000 certificó 613 solicitudes de exoneración, de las cuales 400 son falsas; 400 en un solo documento. Eso es insólito», aseguró la autoridad de gobierno.
«Jaramillo el año pasado, cuando yo dije estas cosas, dijo que le habían falsificado la firma. Yo no conozco desde el 2011 a la fecha que él haya iniciado una acción judicial (…) para poder limpiar su nombre. Además, los 613 exonerados pertenecían a la forestal Panguipulli, y recuerde usted que Panguipulli es la tercera comuna más importante del distrito que representa el señor Jaramillo», sostuvo Ubilla.
«La señora Isabel Allende entregó más de 1.100 certificados de exonerados que no son tal. (…) Yo no sé cómo la señora Allende entregó certificados de personas que viven en la Región de Magallanes, en la comuna de San Gregorio, por ejemplo; o en Fresia, o en Arica o en Iquique. Es una persona que certifica 1.190 exonerados, esto es realmente una vergüenza», concluyó.
