Juan Domingo Acosta, amigo personal de Piñera y defensor de los coludidos
Coordina el equipo jurídico del gobierno en el “caso Exonerados”, defendió también al hermano del Presidente Piñera en dos oportunidades y asesoró a Teodoro Ribera cuando aún era ministro de Justicia, un cargo para el que también se barajó su nombre. Juan Domingo Acosta es uno de los abogados preferidos del gobierno, para el cual ha trabajado en diversas instancias durante los últimos cuatro años. Cercano al mandatario y a Carlos Zepeda (RN) —con quien compartían estudio jurídico hasta este año— lidera hoy la defensa de los ejecutivos de Cruz Verde.
Este lunes se conoció la suspensión condicional del procedimiento que favoreció a los gerentes “coludidos” en el “caso farmacias”. La solución alcanzada —que generó una serie de comentarios e indignación en las redes sociales— contemplaba sólo multas económicas y clases de “ética empresarial” para los imputados.
El ex diputado DC y querellante del litigio, Jaime Mulet, apeló el martes a la suspensión del proceso. “La señal que se da al país es pésima. Una persona por piratear un CD murió presa en una cárcel aquí en Santiago y a estas personas que defraudan en 40 millones de dólares a cientos de miles de chilenos y chilenas, (…), les hacen clases de ética”, dijo Mulet.
Los ejecutivos de Cruz Verde involucrados son Ricardo Valdivia, gerente área Farma y Cristián Catalán, category manager. El primero deberá pagar $ 30 millones en medicamentos para Coaniquem, mientras que el segundo $ 15 millones en medicamentos, de los cuales $ 7,7 millones son para Coaniquem y $ 7,5 para Conac. Además, Valdivia y Catalán deberán asistir a un curso de “ética empresarial”.
La defensa de los dos ejecutivos de Cruz Verde está a cargo de Juan Domingo Acosta, quien afirmó que con el resultado su cliente “se mantiene como inocente”.
Acosta es uno de los abogados favoritos de La Moneda, cercano a Piñera y que trabajó hasta enero de este año en el estudio Espina, Zepeda & Acosta —ahora Espina & Zepeda— conformado por Carlos Zepeda (RN) y el senador Alberto Espina (RN), socio “pasivo”.
Carlos Zepeda, integrante del ala liberal de RN, es cercano a Piñera, de quien es vecino en la casa que el mandatario tiene en el Lago Ranco. Estuvo presente en febrero del 2010, junto a Alberto Espina, en la reunión donde se afinó el gabinete ministerial y ha jugado tenis —en dupla con Piñera— en el palacio de Cerro Castillo. Asimismo, Carlos Zepeda fue director de La Nación hasta el 2011 y presidente de TVN hasta marzo de este año.
Zepeda y Juan Domingo Acosta trabajaron desde el estudio Espina, Zepeda & Acosta en varios casos que le valieron a este último convertirse en uno de los preferidos de La Moneda. Entre los casos que llevó el estudio, destaca la defensa del hermano menor del Presidente, Miguel Piñera, en la causa por un accidente de tránsito y en un juicio por supuesta paternidad que resultó a favor del cantante.
[cita]Cuando el gobierno decidió jugarse por la estrategia de atacar a las administraciones pasadas, particularmente la de Michelle Bachelet, por el “caso exonerados”, el primer paso fue la conformación de un equipo jurídico. Juan Domingo Acosta, quien ya se había alejado del estudio de Espina y Zepeda, fue uno de los integrantes y coordinadores —junto a Luis Hermosilla—, de las acciones administrativas y judiciales. [/cita]
Por otra parte, junto a Zepeda, Acosta elaboró el informe en derecho con el que La Moneda abordó el problema de los accionistas privados del diario La Nación.
Cuando el gobierno decidió jugarse por la estrategia de atacar a las administraciones pasadas, particularmente la de Michelle Bachelet, por el “caso exonerados”, el primer paso fue la conformación de un equipo jurídico. Juan Domingo Acosta, quien ya se había alejado del estudio de Espina y Zepeda, fue uno de los integrantes y coordinadores, junto a Luis Hermosilla, de las acciones administrativas y judiciales.
En la ocasión, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, anunció que Acosta y Hermosilla “en conjunto con los abogados de la subsecretaría del Interior van a desarrollar todas las acciones tanto administrativas como judiciales para la determinación de las eventuales responsabilidades que pudieron haber existido en el otorgamiento de estas pensiones irregulares”.
Pero esta no era la única instancia en la que el estudio de abogados trabajó con la administración de Piñera.
Juan Domingo Acosta también fue defensor de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, en el «caso Kodama»; y defensor del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en el caso por los vínculos de éste con el ex director de la CNA, Luis Eugenio Díaz. Incluso Acosta figuró en la terna que RN propuso para reemplazar al ministro y que terminó por generar una fuerte crisis en el oficialismo cuando se confirmó a Patricia Pérez en el cargo.
Cuando en febrero de este año Werner Luchsinger y Vivian Mackay, murieron en un atentado, Juan Domingo Acosta fue elegido nuevamente para un trabajo con La Moneda. El Presidente Piñera lo designó para que coordinase el equipo jurídico que llevaría los juicios para combatir la «violencia y el terrorismo» en la región de la Araucanía.
Otro de los casos en los que participó Acosta tuvo lugar a fines del primer año de la administración piñerista. El 4 de noviembre del 2010, el periodista Felipe Bianchi, dijo en radio Universo que le “constaban” los llamados de autoridades de gobierno, incluyendo el Presidente, para levantar una lista alternativa a la de Harold Mayne-Nicholls para que compitiera por la presidencia de la ANFP.
En La Moneda tomaron nota de los dichos y contestaron anunciando una posible querella contra el periodista y otras personas, como Pepe Auth, que hicieron declaraciones en el mismo sentido. La evaluación de las acciones legales quedaron en manos del estudio Espina, Zepeda & Acosta. En la ocasión se definió que Juan Domingo Acosta se haría cargo de la querella si La Moneda se decidía a presentarla.
Finalmente, el estudio para el que trabajaba Acosta, estuvo a cargo de la defensa de la empresa española Indra que se adjudicó la millonaria licitación, por US$ 385 millones, del Registro Civil para la fabricación de cédulas y pasaportes. Indra fue demanda por la empresa perdedora, Sagem Securité, que impugnó el resultado y acusó al Registro Civil de irregularidades en el proceso.
