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Contraloría detecta 485 funcionarios suspendidos con sueldo y asume 30 sumarios
El organismo identificó a 30 funcionarios con más de tres años de suspensión preventiva y remuneraciones vigentes. Los diez casos más prolongados acumulan pagos por $671 millones. Contraloría asumirá esos sumarios e investigará posibles responsabilidades por las demoras.
Un total de 485 funcionarios de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente de sus funciones, pero seguían recibiendo remuneraciones, según los antecedentes recopilados hasta marzo de 2026 por la Contraloría General de la República. La revisión detectó que 30 de ellos acumulaban más de tres años bajo esa medida, lo que llevó al organismo fiscalizador a asumir directamente la tramitación de sus sumarios administrativos.
Los resultados están contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, que examina suspensiones preventivas registradas entre 2020 y marzo de 2026. El levantamiento de información no incluye a las municipalidades, aunque Contraloría anunció que también revisará procedimientos desarrollados en ese ámbito.
La principal alerta del informe apunta a la duración de las suspensiones. De los 485 funcionarios identificados, 13 llevaban más de cuatro años apartados de sus funciones, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en la misma situación.
El caso más prolongado corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, cuya suspensión alcanzaba aproximadamente cuatro años y siete meses. Le siguen un caso del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
La suspensión preventiva es una medida contemplada en el Estatuto Administrativo que permite apartar temporalmente de sus funciones a una persona mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Por regla general, no implica la pérdida de remuneraciones y debe mantenerse únicamente mientras resulte necesaria para asegurar el éxito de la indagación.
Sin embargo, la extensión de los sumarios obliga a las autoridades responsables a revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras.
Frente a los antecedentes detectados, Contraloría dispuso que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años dejen de ser tramitados por los servicios donde se originaron y pasen al propio organismo fiscalizador.
La medida busca dar continuidad a los procedimientos y determinar si existen responsabilidades de las autoridades que los ordenaron o que no efectuaron un control oportuno de su avance.
El informe también dimensionó el costo de las suspensiones más extensas: el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones correspondientes únicamente a los diez casos de mayor duración identificados en la revisión. La cifra no representa el gasto total asociado a los 485 funcionarios.
Además, Contraloría detectó que 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante el periodo en que permanecieron apartados de sus cargos, de acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos.
El levantamiento identificó otras situaciones que requieren revisión. Dos funcionarios suspendidos cumplían, durante ese mismo periodo, una medida cautelar de prisión preventiva. En otro caso, el fiscal que había decretado una suspensión preventiva también se encontraba suspendido.
A ello se suman 20 funcionarios cuyos sumarios estaban a cargo de un fiscal que ya no trabajaba en el servicio correspondiente, una circunstancia que puede dificultar la continuidad y conclusión de los procedimientos.
El reporte identificó, asimismo, decenas de casos de funcionarios que viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego mientras se encontraban suspendidos. Esos antecedentes forman parte de la información recopilada por Contraloría, sin que su sola mención permita establecer una infracción administrativa en cada caso.
El organismo también ordenó medidas para los servicios que mantienen funcionarios suspendidos por más de un año. Estas entidades tendrán 15 días hábiles para informar el término de los sumarios, justificar fundadamente la continuidad de las suspensiones o reportar acciones concretas destinadas a agilizar su conclusión.
Además, deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer si existen responsabilidades por las demoras detectadas.
La fiscalización continuará con nuevas verificaciones. Contraloría está apercibiendo a los servicios que no respondieron sus requerimientos y realizará acciones de control adicionales para comprobar la calidad y veracidad de los antecedentes recibidos, especialmente cuando la información entregada sea insuficiente o no permita respaldar lo reportado.
El organismo anunció que estas revisiones también incluirán procesos desarrollados por las municipalidades, pese a que estas no formaron parte del universo de 485 funcionarios considerado en el CIC N°25.
Como parte de su respuesta institucional, Contraloría emitió el Instructivo N°29, fechado el 16 de septiembre de 2026, con nuevas directrices para reforzar el control de las suspensiones preventivas en los sumarios administrativos.
El documento recuerda que la etapa investigativa de un sumario no debiera exceder los 60 días hábiles previstos en la normativa y exige que los fiscales revisen periódicamente si sigue siendo necesario mantener al funcionario apartado de sus labores.
También instruye levantar la suspensión cuando ya no exista riesgo para la investigación. Contraloría advirtió que prolongar estas medidas más allá de plazos razonables podría resultar arbitrario, afectar los principios de eficiencia y celeridad administrativa y generar responsabilidades para quienes intervienen en la tramitación.
Finalmente, dispuso que todas las resoluciones que decreten o dejen sin efecto una suspensión preventiva sean informadas en el Sistema de Acciones Derivadas (SIAD). Con ello, busca monitorear la duración de las medidas y establecer alertas que permitan intervenir oportunamente cuando una suspensión, concebida como provisional y temporal, se extienda durante años.
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