Así lo ratificó el testimonio de un funcionario que escuchó a los gendarmes hablar sobre si era conveniente o no detallar los hechos, minutos antes de que determinarán eliminar la página del registro.
El Ministerio Público intentará acreditar la responsabilidad de los ocho gendarmes que están acusados de ser culpables de la muerte de los 81 reos que perecieron en el incendio de la cárcel San Miguel ocurrido el 8 de diciembre de 2010. Las evidencias recogidas por la Fiscalía revelan que uno de los libros de control interno fue adulterado tras el siniestro con el fin de ocultar los errores que sucedieron aquella madrugada.
Durante la investigación «se pudo establecer que se le arrancó una hoja en la cual se dejó constancia de que no se pudo controlar el fuego debido a que -entre otras cosas- no se activaron las redes de agua porque no funcionaron y porque las mangueras no estaban extendidas», informó el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, a Emol. Esta información, agregó, fue ratificada por un funcionario que escuchó a los gendarmes discutir sobre qué convenía detallar en el libro, minutos antes de que se elimina la página.
Durante el juicio -que hoy cumplió su segunda jornada- la Fiscalía buscará acreditar el actuar negligente de los imputados, tanto de los gendarmes que se encontraban en el lugar cumpliendo funciones y que habrían omitido obligaciones al no adoptar los procedimientos correspondientes, así como de los directivos de la institución.
