A un mes de audiencia de formalización por abuso sexual a alumnas de Colegio Cumbres
«Nosotros nos basamos en informes objetivos, profesionales», aseguró el Fiscal Nacional defendiendo la determinación de llevar a cabo una audiencia de formalización contra el sacerdote el próximo 27 de agosto. En tanto, el abogado defensor del acusado puso en duda los informes de la PDI que han sido claves para tomar esta última determinación y aseguró que «no son concluyentes».
Este jueves, el Fiscal Nacional Sabás Chahuán se mostró grato con la decisión que ayer tomó la Fiscalía Oriente de formalizar por abuso sexual al sacerdote John O’Reilly. El procedimiento se llevará a cabo el próximo 27 de agosto al medio día. Con este trámite listo, Chahuán recalcó que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar todos los delitos que afecten a menores y que en esta línea la fiscalía «no hace distinción».
El sacerdote John O’Reilly es acusado de haber abusado de dos menores del colegio Cumbres (ubicado en el sector oriente de la capital), establecimiento donde asisten los hijos de familias con altos recursos y donde el religioso se desempeñaba como capellán y asesor espiritual, manteniendo estrechos vínculos con miembros de la elite empresarial. Además, O’Reilly es uno de los sacerdotes más conocidos de los Legionarios de Cristo, llegando a ser incluso una especie de vocero de la institución.
Chahuán aseguró que desde la Fiscalía Oriente «se me ha señalado que creen que él (O’Reilly) tiene responsabilidad y se le formaliza porque la Ley nos obliga».
En la misma línea, el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, ha señalado que «el Ministerio Público trabaja en base a elementos objetivos» y que fue la incorporación de algunos elementos que estaban pendientes lo que derivó en la solicitud de formalizar los cargos en contra del sacerdote. «Nosotros nos basamos en informes objetivos, profesionales», aseguró, indicando que O’Reilly será formalizado «por dos víctimas y los informes están orientados en esa dirección».
Una de las principales críticas que sucedieron a las denuncias en contra de O’Reilly en julio de 2012 fue la demora que sufrió la formalización debido a la tardanza en los informes periciales provenientes del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas) de la PDI. Según la información publicada este jueves por el diario La Segunda, desde el área pericial en cuestión aseguraron haber recibido los requerimientos a fines del año pasado.
«Al mes las niñas estaban ingresadas y se habían hecho sus pericias, pero en abril la fiscalía todavía nos estaba enviando informes que debían ser ingresados. Hay que tener en cuenta que para hacer una pericia, aparte de entrevistar a las niñas y trabajar con ellas en dos o tres sesiones, se debe realizar un estudio de la carpeta investigativa súper detallado. También hay otros test que se realizan (…). El informe pericial se hizo a conciencia y va a ser un medio de prueba contundente. No jugamos con los tiempos, tratamos de entregar lo mejor que tenemos», señaló la directora del Instituto de Criminología de la PDI, del cual depende Cavas.
En tanto, el abogado defensor del sacerdote John O’Reilly, Luis Hermosilla, aseguró esta mañana en entrevista con radio Cooperativa que los informes -que han servido como pruebas para llevar a cabo la formalización- «no son concluyentes». «La parte querellante dice que los informes del Cavas son concluyentes y yo digo que no es efectivo, no son concluyentes. (…) Si el que decide si hay un hecho ilícito o no es el Cavas quiere decir que el Ministerio Público está de más y (…) bastaría que emitiera una opinión el Cavas y dictáramos una sentencia», señaló el abogado.
Hermosilla agregó además que las dos alumnas del Colegio Cumbres que acusaron los abusos del cura deberán declarar en el juicio oral de la formalización. «Tienen que hacerlo, es imprescindible», indicó, subrayando que ninguno de los dos casos tiene «relato suficiente para hacer un análisis de credibilidad». En este sentido el abogado aseguró que las conclusiones de los informes de Cavas no provendrían del relato de las menores sino de la evaluación de un conjunto de antecedentes que estarían en la carpeta investigativa y a la que la entidad tuvo acceso. Como un «copy-paste arbitrario» calificó Hermosilla las conclusiones.
