A través de una declaración pública, la entidad manifestó que “el derecho a manifestar en paz es un derecho humano que conjuga tanto el ejercicio de la libertad de expresión como el derecho a reunión y asociación, ambos fundamentales para el desarrollo de toda sociedad democrática. Rechazamos los hechos violentos de que fuera objeto la Catedral de Santiago y llamamos a la ciudadanía, que por distintos motivos se moviliza, a ejercer este derecho de manera pacífica”.
El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó el ataque del que fue objeto el viernes pasado la Catedral Metropolitana y formuló un llamado a la ciudadanía a condenar enérgicamente cualquier acto de intolerancia y a respetar las expresiones culturales y religiosas de la sociedad.
A través de una declaración pública, la entidad manifestó que “el derecho a manifestar en paz es un derecho humano que conjuga tanto el ejercicio de la libertad de expresión como el derecho a reunión y asociación, ambos fundamentales para el desarrollo de toda sociedad democrática. Rechazamos los hechos violentos de que fuera objeto la Catedral de Santiago y llamamos a la ciudadanía, que por distintos motivos se moviliza, a ejercer este derecho de manera pacífica”.
El INDH enfatizó que “la libertad de culto así como la garantía de su ejercicio también se encuentran amparados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. La intolerancia frente a cualquier tipo de expresión religiosa es incompatible con una cultura democrática y respetuosa de dichas libertades. Llamamos a la ciudadanía a rechazar todo acto de intolerancia y a respetar las diversas expresiones culturales y religiosas de nuestra sociedad”.
Pero también llamó a las autoridades, a ”prever” este tipo de incidentes para mantener el orden público y el respeto a los DD.HH.
“En toda manifestación pública se produce algún grado de afectación a aquellos que no hacen parte de la misma. La interrupción u obstaculización del tránsito o la libre circulación, los ruidos o la imposibilidad de acceder a ciertos lugares son algunas de estas dificultades que la autoridad competente tiene la obligación de prever y encauzar, otorgando alternativas que permitan el desarrollo pacífico de dichas expresiones a la vez que el resguardo al orden público”, señaló.
Finalmente indicó que “las autoridades competentes deben buscar los mayores grados de coordinación con quienes convocan a dichas manifestaciones y acordar con suficiente antelación el lugar y recorridos a desarrollar, de manera de hacer plenamente compatibles las tareas de mantención del orden público con la garantía y respeto a los derechos humanos”.
