Experto llamó al estado a adoptar con urgencia una estrategia nacional
Tras reunirse con autoridades ministeriales, parlamentarios, altos mandos de la Carabineros y la PDI, organizaciones pro derechos indígenas, íctimas de violencia rural y hasta presos en La Araucanía, Emmerson recomendó la inmediata suspensión de la ley antiterrorista, la cual «ha sido utilizada de forma discriminatoria contra los mapuche». Asimismo sugirió la creación de órgano investigador independiente que revise el uso excesivo de violencia contra comunidades indígenas.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y contraterrorismo, Ben Emmerson, llamó hoy a las autoridades chilenas a abstenerse de aplicar la ley antiterrorista ante las reivindicaciones territoriales del pueblo indígena mapuche. Al concluir su primera visita oficial a Chile, el experto exhortó al gobierno a situar la cuestión mapuche entre las principales prioridades del diálogo político nacional.
Duranta su visita de 14 días a Chile, la enviado de la ONU se reunió con autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de Justicia y el de Desarrollo Social, integrantes del Congreso y del Poder Judicial, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y altos oficiales de Carabineros y de la PDI. Asimismo recibió a víctimas de violencia rural, representantes de comunidades mapuches, propietarios de tierras y un grupo representativo de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y visitó comunidades mapuches en áreas rurales y a detenidos en las prisiones de Temuco, Angol y Concepción. A raíz de este trabajo en terreno, Emmerson desarrolló tres recomendaciones para que el estado chileno aborde la problemática.
La primera de las medidas tiene que ver con la ley antiterrorista, su aplicación a los pueblos indígenas y la falta de uso de otras normativas legales más apropiadas para los delitos relacionados con el conflicto mapuche. Si bien Emmerson enfatizó que no debe haber impunidad en los crímenes cometidos durante protestas violentas, y que los derechos de las víctimas también deben ser protegidos adecuadamente, advirtió que “La legislación antiterrorista ha sido utilizada de forma discriminatoria contra los mapuche”. A esto añadió que “Se ha aplicado de modo confuso y arbitrario, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo, y se ha percibido como un factor de estigmatización y de deslegitimación de los reclamos y protestas territoriales Mapuche”.
Ante este panorama, el Relator Especial recomendó a la Fiscalía que utilice leyes penales comunes para investigar, procesar y castigar este tipo de violencia. Durante su visita a las regiones del Biobío y la Araucanía, el experto independiente de la ONU observó una situación “extremadamente volátil”, en parte debido al uso inadecuado de la ley antiterrorista, en el marco de lo que él llamó un proceso “inexcusablemente lento” de restitución de territorios ancestrales.
Asimismo, Emmerson instó también a las autoridades chilenas a situar la cuestión mapuche entre las principales prioridades del diálogo político nacional, para promover de manera urgente la adopción de una estrategia nacional a este respecto, además de establecer una Comisión Consultiva Nacional que ayude a concebir e implementar dicha estrategia.
“La piedra angular de esta nueva estrategia nacional debería ser el reconocimiento constitucional del derecho de los mapuches a existir como pueblo indígena dentro del estado de Chile junto con la creación por parte del gobierno entrante de un Ministerio de Asuntos Indígenas dotado adecuadamente de personal y financiamiento”, dijo. “La solución de este conflicto debe ser de prioridad política para el próximo Gobierno”, puntualizó.
El Relator recibió numerosas denuncias sobre el uso excesivo de la violencia por parte de la policía contra las comunidades mapuches, algunas de los cuales han sido confirmadas en procedimientos judiciales. Estas serias acusaciones incluyen heridas de bala sufridas por personas mayores, mujeres y niños. Pese a la existencia de pruebas y hallazgos judiciales aparentemente admisibles, la autoridad recibió información de que éstas no fueron seguidas de un proceso penal.
Para enfrentar esta impunidad de facto, Emmerson recomendó la creación de un nuevo órgano independiente de investigación con la función de indagar el uso excesivo de violencia contra comunidades mapuches cometido por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). “Dicho órgano debería ser institucionalmente independiente de ambas fuerzas y tener las facultades para investigar y requerir el enjuiciamiento de procesos delictuales y disciplinarios cuando las pruebas así lo justifiquen”, dijo.
El experto enfatizó que todas las medidas mencionadas «deben ser puestas en marcha hoy. Es un compromiso de que el gobierno debiera hacer si pudiera mañana». Sobre la ley antiterrorista, «su suspensión debiera poder hacerse hoy», añadió.
Sobre la base de la información recabada durante su visita, el Relator Especial redactará un informe sobre contraterrorismo y derechos humanos en Chile, el que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014.
