La entidad se mostró confiada en que prospere el diálogo entre las partes y que los afectados, que interpusieron un recurso de protección, puedan ser reincorporados.
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) rechazó este jueves la expulsión de 37 alumnos de la Universidad Central que participaron en la toma del plantel en julio pasado, ya que considera que se trata de “una sanción absolutamente desproporcionada” que atenta “contra la organización de los mismos estudiantes”.
En un comunicado la entidad indicó que los jóvenes afectados interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para no hacer efectiva la medida impuesta por la rectoría, ya que según declaraciones de los afectados, no existirían pruebas que relacionen a los estudiantes con los daños causados en esa casa de estudios durante el período de movilizaciones.
Asimismo, manifestó que esperaba que “prospere el diálogo alumnos y directivos del plantel para que puedan ser reincorporados los alumnos expulsados”.
Codepu recordó que la ocupación de la U. Central el día 14 de julio pasado fue desalojada por carabineros a petición de los directivos. “En la acción, que se desarrolló en los tres complejos que rodean el parque Almagro, se desalojaron a los treinta y siete estudiantes que, en ese minuto, estaban en su interior, los que posteriormente fueron registrados en un parte policial”, detalló.
Agregó que “a los pocos días, el campus de ingeniería y arquitectura fue retomado por el movimiento, comenzando una negociación con las autoridades: los estudiantes exigían un proceso de democratización universitaria y los directivos que la toma terminara. Tras jornadas de conversaciones se llegó a un acuerdo, el que estipulaba la realización futura de un claustro triestamental, pero además, que no se sancionara a los estudiantes movilizados”.
Según Codepu, “estos acuerdos fueron firmados por las partes en conflicto, entre ellos el rector, don Rafael Rosell. Pese a todo, el tribunal universitario compuesto por el Decano de Derecho, por el Decano de Ingeniería y por un representante de los alumnos, luego de un mes de investigación, decidió, tras un fallo de dos votos contra uno, expulsar a los treinta y siete estudiantes, tras el cierre del año académico 2013. Muchos de los estudiantes que fueron expulsados dieron una larga lucha el año 2011 para que la universidad no se vendiera a una corporación”.
