«Sancionar a alguien señalándole que haga charlas gratuitas sobre lo que él hace o lo que a él le gusta hacer o lo que él promueve y que se trate además de una acción de carácter claramente político o ideológico, creo que no se ha visto nunca», dijo el ministro del Interior.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que el gobierno apelará a la resolución del magistrado Cristián Sánchez, quien selló el acuerdo entre la Fiscalía Centro Norte y dos de los imputados en el caso por la toma de la sede del Congreso Nacional en Santiago, ocurrido en octubre de 2011, y que suspendió el proceso judicial, a cambio que realicen charlas en apoyo a la causa que promueven.
El secretario de Estado confirmó que como Ministerio del Interior «hemos decidido tanto presentar un recurso de apelación como un recurso de queja disciplinaria».
«Nos parece realmente insólito que por una parte un fiscal del Ministerio Público haya propuesto y quizas lo más grave, que un juez de garantía haya aceptado establecer una condición o una sanción que tenga connotación de carácter político», manifestó.
Chadwick señaló que el fallo en este caso, es «absolutamente nunca visto, completamente insólito», precisando además que «contraviene la ley y la independencia política de los tribunales de justicia y va contra todo el sentido común».
«Sancionar a alguien señalándole que haga charlas gratuitas sobre lo que él hace o lo que a él le gusta hacer o lo que él promueve y que se trate además de una acción de carácter claramente político o ideológico, creo que no se ha visto nunca», dijo el ministro.
Respecto de la queja disciplinaria que se presentará contra el juez que ratificó el acuerdo, la autoridad dijo que se presentará «para que también los jueces sientan que están sujetos a la fiscalización a través de los recursos correspondientes ante los tribunales de justicia».
Chadwick agregó que esta situación, «afecta la imagen porque genera un desconcierto y una aprensión grande en la ciudadanía cuando ven este tipo de acciones tan insólitas y tan discriminatorias. A cualquier ciudadano le aplican una sanción así, no».
El ministro de l Interior, calificó la sanción como «discriminatoria» y por ello sentenció que «queremos que se repare, porque los tribunales sí tienen todos los elementos y una gran imagen para reparar la situación», concluyó.
