«Elevar a la hija de un torturador impune a un alto cargo y ésta aceptarlo, en el mismo Estado que no ha cumplido con su deber de condenar a su padre, significa avalar tal comportamiento del Estado, con ensañamiento para sus víctimas y la sociedad toda», advirtió el economista del Cenda.
El economista Manuel Riesco cuestionó con dureza la decisión de la presidenta electa Michelle Bachelet de confirmar a Carolina Echeverría como subsecretaria de Fuerzas Armadas, ya que con ello, dijo, el Estado no hace otra cosa que avalar «la impunidad en un crimen de lesa humanidad», aludiendo a las acusaciones de tortura que pesan sobre el padre de la futura autoridad, el coronel (r) del Ejército Víctor Echeverría.
«El gobierno entrante ha confirmado en un alto cargo a la hija de un torturador impune, quien ha aceptado el puesto. Al hacerlo, ambos están señalando al país que no sería un asunto a tomar en cuenta. Ello constituye un error de consecuencias negativas para la sociedad. Adicionalmente, al dolor de sus víctimas que han tenido el coraje de denunciarlo, suman el agravio de no tomarlas en cuenta», expresó Riesco, quien recordó que Carolina Echeverría también ha sido criticada por algunas actuaciones en su calidad de subsecretaria de Marina del anterior gobierno de Bachelet, aludiendo a las denuncias de que habría bloqueado la posibilidad de que los denominados «marinos constitucionalistas» fueran declarados como funcionarios exonerados de la Armada.
Asimismo, afirmó que «elevar a la hija de un torturador impune a un alto cargo y ésta aceptarlo, en el mismo Estado que no ha cumplido con su deber de condenar a su padre, significa avalar tal comportamiento del Estado, con ensañamiento para sus víctimas y la sociedad toda».
«El mismo gesto tendría el significado exactamente opuesto si se hubiese hecho justicia. En tal caso, la singular selección de una persona de estas características familiares significaría mostrar un sentido de justicia por parte del Estado, que haría explícito de este modo que no hace responsable a un hijo de los crímenes de su padre. Aceptarlo significaría por parte de aquel, un respaldo público a la severa condena que dicho Estado ha dictaminado contra un familiar tan cercano», agregó.
Y enfatiza que «puesto que todavía la justicia no ha llegado, el nombramiento y la aceptación del mismo significan un explícito aval a la impunidad en un crimen de lesa humanidad, tanto de parte de la alta autoridad responsable del nombramiento como de parte del familiar que lo acepta».
El economista, que forma parte del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), sostuvo que Víctor Echeverría es un «criminal» que ya debiera «haber sido juzgado y sancionado ejemplarmente, contando desde luego con todas las garantías de un debido proceso. Que ello no haya sucedido todavía, no constituye obstáculo para acoger como ciertas y válidas las denuncias formuladas en su contra por varias de sus víctimas, todas las cuales ameritan absoluto respeto y credibilidad».
Para Manuel Riesco, «el motivo por el cual la justicia no ha cumplido con su deber en este caso, como en otros, no es la existencia de dudas razonables respecto de la culpabilidad de los criminales, cuestión que nadie ha osado siquiera plantear. La razón exclusiva es el clima de impunidad que ha infectado la transición chilena a la democracia, a partir de los acuerdos que parte de la oposición de entonces aceptó al término de la dictadura».
Afirmó que ese clima se ha ido despejando paulatinamente a medida que los tribunales han ampliado «su medida de la justicia posible, desde la detención de Pinochet en Londres y su procesamiento en Chile en el largo verano del 2001», sumado lo anterior a que «el repudio ciudadano a la impunidad se ha venido haciendo más explícito a partir del viraje político que el país ha experimentando junto a la reanimación de la movilización masiva. Alcanzó un clímax durante la conmemoración de los 40 años del golpe militar, desbordando todos los diques y abarcando todos los ámbitos».
Finalmente, Riesco dijo que no tomar esto en cuenta «evidenciaría la desconexión de las nuevas autoridades con los cambios ocurridos desde la última administración, en la cual la misma autoridad hoy cuestionada ocupó un cargo similar».
