La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su preocupación porque el caso de Jorge Aravena Retamales, fallecido en un furgón policial el pasado 17 de febrero, sea investigado por la Justicia Militar.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su preocupación porque el caso de Jorge Aravena Retamales, fallecido en un furgón policial el pasado 17 de febrero, sea investigado por la Justicia Militar.
«El Estado chileno ha asumido el compromiso internacional de revisar y modificar el sistema de Justicia Militar, a fin de establecer límites a su competencia y excluir a los civiles de dicha jurisdicción», expresó el representante regional del Acnudh, Amerigo Incalcaterra, según consignó el organismo dependiente de la ONU en una nota de prensa.
«Este lamentable caso debería ser investigado y resuelto por la justicia civil y con las garantías del debido proceso», comentó Incalcaterra.
«Confío en que la justicia civil dé curso a la denuncia presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, e inicie una pronta y eficaz investigación de los hechos», agregó ante el caso por la muerte del hombre de 44 años que fue detenido por no pagar una cuenta en un local de comida y que falleció en el calabozo de un furgón de la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua, «producto de una asfixia por aspiración de contenido gástrico», de acuerdo a los peritajes del Servicio Médico Legal. Carabineros decidió dar de baja a cuatro funcionarios y asimismo separar del mando de la unidad al comisario que se encontraba a cargo al momento de ocurrido los hechos. Los uniformados habrían olvidado al detenido y éste se habría ahogado con su vómito tras soportar altas temperaturas en el estrecho calabozo. La Fiscalía Militar de Rancagua procesó a los involucrados por cuasi delito de homicidio.
Incalcaterra hizo un llamado a que «se revisen los procedimientos de actuación policial para asegurar su adecuación a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante la autoridad judicial competente».
Asimismo recordó que varios mecanismos internacionales de Derechos Humanos se han manifestado en reiteradas ocasiones sobre la Justicia Militar. En 2007, el Comité de Derechos Humanos señaló a Chile que el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El mismo comité recomendó a Chile la revisión del Código de Justicia Militar, para ajustarlo a los estándares internacionales.
En el mismo sentido el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, y recientemente en enero de 2014 en el marco del Examen Periódico Universal, han recomendado a Chile que los casos de violaciones de Derechos Humanos deben ser tramitados por la jurisdicción civil y con todas las garantías del debido proceso.
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