Tema se tomó la agenda y cuestionó estándares de transparencia de la saliente administración
Se suponía que este lunes debía ser una jornada de reflexión, evaluaciones y sentimentalismos para Sebastián Piñera. Sin embargo, el decreto firmado por el Mandatario y que faculta a los funcionarios públicos de su administración a borrar los correos electrónicos emitidos y recibidos desde sus cuentas, obligó al Presidente y a sus ministros a referirse una y otra vez a la polémica. En tanto, la Nueva Mayoría y las autoridades del Mandato entrante no desaprovecharon el flanco abierto para criticar la medida y cuestionar el correcto traspaso de información entre un Gobierno y otro.
Ni desde el Gobierno ni desde la Nueva Mayoría escatimaron en reacciones tras darse a conocer el decreto que el pasado 15 de enero firmó el Presidente Piñera y que modifica el reglamento sobre documentos electrónicos, firma electrónica y certificación de dicha firma, y deroga, además, entre otros textos, el decreto 77 de 2004. Con esto, faculta a los funcionarios públicos a borrar los correos electrónicos enviados desde sus cuentas. A pocas horas del cambio de mando y de que se constituya el nuevo Gobierno, cuando se encuentran en pleno trámite los traspasos de documentos e información entre las autoridades entrantes y la salientes, el hecho desató una hecatombe mediática que para muchos llegó a empañar los discursos de despedida de la administración que mañana concluye.
La normativa, impulsada durante el Gobierno de Ricardo Lagos, disponía como obligación de todos los funcionarios públicos el conservar sus correos electrónicos por un período de seis años, señalando que «con la finalidad de asegurar la constancia de la transmisión y recepción, los órganos de la administración del Estado que hagan uso de medios de comunicación electrónicos, deberán conservar los registros de estas comunicaciones por un período de tiempo que no podrá ser inferior a 6 años”.
A un mes de que el polémico decreto fuera publicado en el Diario Oficial, con fecha 27 de febrero de 2014, ya existía preocupación por que el traspaso de información entre un gobierno y otro se hiciera de forma adecuada. El Consejo para la Transparencia emanó una carta dirigida a todas las reparticiones de la actual administración “con el objetivo de asegurar que todos los entes públicos traspasen la información acumulada en los cuatro últimos años de Gobierno a la nueva administración de Michelle Bachelet”.
Expertos han criticado la medida de Piñera por no condecirse con los principios de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni con los lineamientos indicados por el Consejo para la Transparencia. «Hay que destacar que en el Poder Ejecutivo son muchas las decisiones y temas de importancia que hoy se gestionan a través de correos electrónicos institucionales, por lo tanto, borrarlos es poco conveniente y reñido con la transparencia”, señaló el coordinador legislativo de la fundación Ciudadano Inteligente, Álvaro Castañón.
Sin embargo, pese a las contundentes críticas a la medida, el Presidente Piñera salió a defender el polémico decreto y precisó que este sólo afectaba los correos electrónicos de carácter privado enviados o recibidos por los funcionarios. “Los correos personales. Lo ha determinado así la Oficina de Transparencia, como la propia Corte Suprema, pero todo lo que es oficial, naturalmente que queda, porque nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por entregarle al nuevo Gobierno la información. Ustedes han visto cómo los ministros han preparado carpetas y carpetas para poder entregarles a los futuros ministros todo el material e información necesarios para que puedan gobernar desde el primer día sobre bases sólidas”, explicó el Mandatario, sin profundizar más allá en el tema. Y es que, a poco de dejar La Moneda, se esperaba que esta fuera una jornada mas bien destinada a la autoevaluación del actual Gobierno y para poner sobre la mesa sus principales logros.
Esto fue precisamente lo que trató de hacer, horas después de que hablara el Mandatario, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez. En lo que fue su última vocería antes de dejar su cargo, la autoridad –quien se refirió, entre otros temas, a las expectativas frente al nuevo Mandato que asume Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría–, tuvo finalmente que referirse a la controversia de los correos electrónicos, luego de que la prensa insistiera en ello. «Puede existir la posibilidad de que una persona, tal como nos ha pasado a muchos, uno pone su correo electrónico a disposición de la gente, en las páginas web de Transparencia, en las redes sociales, y puede ser que escriban cosas personales donde uno también pueda responder y no veo en eso cuál es el problema», aseguró.
Sin embargo, esta ligereza para abordar los alcances del decreto no fue replicada de igual forma por parte del Ministerio Público. Y es que, según informó el diario La Segunda, desde la Fiscalía Centro Norte se envió un oficio dirigido a la Subsecretaría del Interior para frenar los alcances del decreto. El texto fue firmado por el fiscal adjunto José Morales Opazo y está dirigido al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien el viernes reemplazó a Rodrigo Ubilla y se convirtió en el primer funcionario de la nueva administración en asumir sus funciones.
En tanto, desde la administración entrante, que este martes asumirá con Michelle Bachelet a la cabeza, no tardaron en reaccionar al criticado decreto. El futuro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde (PS), calificó de «retroceso» y como una «pésima señal» la medida, asegurando que «la interpretación de la normativa que existe en esta materia es categórica y es clara, así por lo demás lo ha señalado el propio Consejo para la Transpanrencia, los funcionarios públicos no pueden borrar correspondencia electrónica», aseguró.
«Constituye un incumplimiento del propio compromiso del Presidente Sebastián Piñera de que se iba a entregar toda la información a las próximas autoridades», sentenció Elizalde.
Los parlamentarios de la Nueva Mayoría tampoco demoraron en introducirse en el debate sobre la pertinencia del polémico decreto. El presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), apuntó a la existencia de un «problema ético» y aseguró que «los amarres; borrar la letra chica de correos electrónicos públicos; inaugurar cosas que no están terminadas y hacer una campaña promocional de última hora para ver si sale un poquito mejor en la encuestas, es algo que francamente lo empequeñece al propio Presidente y nosotros lo lamentamos mucho».
Tal como lo hizo Pizarro, desde la bancada de diputados de la tienda de la falange, los parlamentarios Ricardo Rincón y Mario Venegas criticaron la medida, manifestando que esta «se contradice con lo expuesto por las autoridades del Gobierno de Piñera, quienes aseguraron que existiría un traspaso de información oportuno y transparente».
Por último, el timonel del PPD, senador Jaime Quintana, ironizó con la polémica, asegurando que «yo pensé que era una ‘Piñericosa'». Asimismo, sostuvo que «lo que hace es llamar a los funcionarios a borrar los correos y a terminar con años de transparencia y como lo han establecido organismos, precisamente ligados a la transparencia. Si no hay nada que esconder, no hay nada que borrar, ese es el llamado que le hacemos al Presidente”, concluyó.
