La iniciativa fue aprobada por 10 votos a favor, gracias a los parlamentarios de la Nueva Mayoría como por el UDI Romilio Gutiérrez y el representante de Evópoli Felipe Kast. Al documento se le dio el visto bueno luego de las indicaciones que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre le hizo sobre temas que pudieran resultar ambiguas y prestarse para otras interpretaciones. Ahora debe pasar a la comisión de Hacienda.
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó de forma general el proyecto de ley que crea la figura del interventor provisional de universidades que se encuentren en crisis. De esta forma el primer proyecto de la reforma educacional pasa su primer obstáculo.
La iniciativa fue aprobada luego de que obtuviera 10 votos a favor, de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, en donde además se le sumaron el UDI Romilio Gutiérrez y el representante de Evópoli Felipe Kast. Mientras que los otros tres parlamentarios de la UDI que integran esa instancia optaron por abstenerse.
Hay que recordar que pocas antes de la votación, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre introdujo indicaciones al proyecto, sobre asuntos que pudieran resultar ambiguas y prestarse para interpretaciones distintas.
En su momento el diputado Mario Venegas (DC) señaló que las indicaciones tienen que ver con “hasta dónde llegan las facultades del administrador provisional, especialmente en lo que dice relación con la revocación de algunos contratos cuando él está actuando en la administración de la institución, para que se ajuste a lo que es nuestro ordenamiento jurídico y que no sea imposible de realizar”.
Estas modificaciones son a raíz de las críticas realizadas por el rector del Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien aseguró que el proyecto que crea el interventor provisional “está desgraciadamente plagado de errores”
“En vez de crear un administrador provisional en sentido estricto, lo que hace es configurar un equivalente funcional de una superintendencia; pero sin ninguna de las garantías que tendría esta última”, dijo Peña.
Sin embargo, los parlamentarios de oposición criticaron el poco tiempo que hubo para debatir el proyecto en profundidad, debido al apuro que provocó que al proyecto el Ejecutivo le pusiera suma urgencia. La diputada María José Hoffmann (UDI) aseguró que la iniciativa es «inconstitucional», aunque dijo que actuaría «de buena fe», entendiendo que se van a acoger algunas de las indicaciones que también presentaron.
Por su parte el diputado Felipe Kast, quien votó a favor del proyecto, pidió evaluar la propuesta que realizó Peña, sobre que los centros de estudio en crisis puedan proponer un plan de mejoramiento y que el administrador provisional sea más bien un acompañante, más que un ente que intervenga.
Por el contrario el diputado Mario Venegas (DC), quien preside la comisión, rechazó las críticas hechas por la oposición y señaló que «releí el proyecto y no vi ninguno de los fantasmas que ustedes ven».
Ahora el siguiente paso es que el proyecto sea revisado en la comisión de Hacienda, para luego pasar a ser votado en la sala de la Cámara y finalmente será despachado al Senado.
