“Nos encontramos bastante conformes con este esfuerzo, toda vez que empieza a cambiar la visión que se tiene sobre el derecho a la educación, dejando éste de ser un bien de consumo y pasando a ser un derecho humano, respetándose como tal. Es decir, cambia su rol y nos garantiza el derecho a la educación a los estudiantes”, dijo Abdón Julio.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar sede La Serena y vocero nacional de los alumnos afectados por el cierre de la casa de estudios, Abdón Julio, respaldó el proyecto de ley del interventor provisional enviado por el Ministerio de Educación, señalando que con esto el gobierno les “garantiza el derecho a la educación”.
Luego de participar el lunes último en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y de asistir a una reunión con el jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, el dirigente se mostró satisfecho con la iniciativa –que denomina “ley corta Universidad del Mar”-, ya que “viene a solucionar en efecto la problemática y acabar con la incertidumbre de cientos de familias que veían con temor la posibilidad de no poder egresar”.
“Nos encontramos bastante conformes con este esfuerzo, toda vez que empieza a cambiar la visión que se tiene sobre el derecho a la educación, dejando éste de ser un bien de consumo y pasando a ser un derecho humano, respetándose como tal. Es decir, cambia su rol y nos garantiza el derecho a la educación a los estudiantes”, acotó.
Abdón Julio puntualizó que “el espíritu de la ley lo que hace es terminar con la administración de la junta directiva, por lo tanto, con todos los operadores que dejaron los controladores; le coloca a un ente que viene a administrar, y tiene facultades tanto administrativas y financieras como académicas, esto para garantizar el egreso y la titulación de todos los estudiantes de la Universidad del Mar”.
En tanto, el líder estudiantil criticó el trato de la anterior administración del Ejecutivo tras el decreto de cierre de la casa de estudios en 2012, afirmando que “las respuestas que encontramos en el pasado, que nos decía el gobierno anterior, eran que era un problema entre particulares porque la educación era un bien de consumo y, por tanto, nosotros debíamos ir al Sernac”.
