Expulsión del doctor Croxatto, en los 90, revive debate sobre pluralismo de la entidad
La propuesta de despenalizar el aborto bajo tres causas hizo que el rector de la PUC levantara la voz. Ignacio Sánchez dejó claro que, aunque sea ley, en la red de salud de esa casa de estudios no se interrumpirán embarazos. ¿Qué pasa si esas mismas creencias llevan a cortar las alas de una investigación que se realice en esa universidad o si las autoridades despiden a un profesional que llegó a una conclusión con la que no concuerdan? “Entonces esa universidad no sería pública”, comentan académicos y parlamentarios.
“Soy representante legal (de la PUC) e iré al tribunal a explicar por qué no lo voy a hacer o no voy a avalar que esto se haga. La objeción de conciencia es algo que tiene que prevalecer”, repitió el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en diversos medios, después que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara que el gobierno presentará un proyecto de ley que despenalice el aborto en casos de inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida de la madre.
La decisión de Sánchez, además de despertar opiniones a favor y en contra, remueve un flanco que ya se había abierto a comienzos de este año cuando el debate acerca de las universidades públicas, privadas y el financiamiento que reciben del Estado, cayó sobre la mesa.
El 25 de marzo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dio su primera entrevista en televisión al programa ‘El Informante’. En ese espacio dijo que “hay un cierto nivel donde nosotros vamos a privilegiar a las universidades estatales. Básicamente, porque por más vocación pública que tengan las universidades privadas, siempre pertenecen a un dueño, y ese dueño va a tener un punto de vista particular que no es el punto de vista de la sociedad”. En ese mismo momento, Eyzaguirre dijo también que “las universidades estatales es donde se construye el futuro y se genera el conocimiento. Nosotros privilegiaremos a las universidades del Estado, porque tienen un mandato país. Hacen investigación con misión”.
Daniel Loewe, doctor en Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez, señala que, evidentemente, no se está hablando de la falta de independencia investigativa –o de cátedra–, pero la pregunta que surge es evidente: “Y si el interés de los facultativos es investigativo pero los métodos de experimentación violan el entendimiento del ‘valor de la vida’ del rector Sánchez y la Iglesia Católica –aunque no viole ninguna ley–, ¿también va a intentar impedir el rector que se lleve a cabo? Si es así, se aprecia con claridad –y el caso del aborto en discusión es una señal en ese sentido–, cómo el fin definitorio de la universidad privada puede interferir en la labor investigativa de sus miembros. Lo mismo aplica a la libertad de cátedra: y si el fin definitorio de la universidad es creacionista, ¿se podrá evitar enseñar la teoría de Darwin? Ahora bien, mi opinión es que todo esto no debiese ser problemático, si la universidad en cuestión no recibe fondos estatales (ni directos ni indirectos), pero esa es otra historia”, dice Loewe.
El abogado Fernando Atria cree que de las últimas declaraciones de Ignacio Sánchez se pueden desprender varios puntos. El primero de ellos tiene que ver con la objeción de conciencia. “La objeción de conciencia es respeto por la conciencia de las personas, no de las instituciones. Quienes pueden invocar la objeción de conciencia para eximirse en ciertos casos de un deber legal son las personas, no las instituciones; los médicos, en este caso, no la Universidad Católica”, señala Atria. A esta opinión se suma Cecilia Sepúlveda, decana de Medicina de la Universidad de Chile, quien comenta a El Mostrador que la PUC es una “universidad privada que recibe recursos públicos desde hace mucho tiempo, consagrados en el DFL 4 de 1981. La objeción de conciencia es un tema personal. No institucional”.
[cita]En esa entrevista, Croxatto también explicó los efectos en las autoridades de la PUC: “La reacción que vino de la jerarquía de la Iglesia y del representante del Vaticano fue decirle a la Universidad Católica que no podían tener entre sus profesores a un abortista. Y eso que partimos la carta diciendo que no éramos partidarios del aborto. En ese tiempo llevaba casi 30 años en la Católica. Me llamó Juan de Dios Vial, que había sido profesor mío y nos apreciábamos mucho. Fue una cosa dolorosa, difícil. Me dijo: ‘No me queda otra que renuncies a tu condición de profesor titular’. Me explicó que la presión venía de arriba, del Vaticano. Era lo único que él podía hacer”.[/cita]
Atria dice que una pregunta que aparece, tras las declaraciones de Sánchez, es si un hospital financiado por recursos públicos puede decidir no entregar prestaciones autorizadas por la ley. Y la respuesta obvia es que no puede. “La ley fija las prestaciones a las que los ciudadanos tienen derecho. Si hay objeción de conciencia por parte de los médicos, en ese caso es responsabilidad del hospital asegurar que habrá profesionales disponibles a realizar las prestaciones y atender a las personas. Pero si no hay más médicos disponibles, entonces los médicos están obligados a realizar la prestación, porque el respeto que merece la conciencia de un médico no es más importante que los derechos de un ciudadano conforme a la ley. Los derechos de cada uno son los límites de la objeción de conciencia. Eso es parte del deber profesional de los médicos”.
El Aporte Fiscal Directo (AFD) es una fuente de financiamiento de libre disposición para las universidades del Cruch y está regulado por el Decreto Ley Nº4 de 1981.
El monto total del aporte es determinado cada año por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Los criterios para adjudicar el aporte se entregan también en un porcentaje que se desglosa así: un subsidio asignado en un 95% conforme a criterios históricos y un 5% restante implica indicadores de desempeño, entre ellos está el número de proyectos de investigación y desarrollo. Según el último informe de Contraloría al respecto (2012), la distribución del AFD se encuentra concentrada en muy pocas instituciones: “Cinco universidades poseen el 52,0% del total de AFD del Cruch. De ellas, tres son estatales (Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile y Universidad de Talca) y dos tradicionales no estatales (Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción).
Además del AFD, existe el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), una especie de recompensa a las universidades que matriculan a los 27.500 puntajes más altos de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en las pruebas de Lenguaje y Matemática. Según el mismo informe de 2012, las universidades tradicionales no estatales –que sólo representan el 9,7% de las entidades en las que se distribuye el AFI– recibieron el 40,1% de los recursos relacionados con este ítem. Al mismo tiempo, cuentan con el 36,4% de los alumnos por los cuales reciben estos ingresos. Ese mismo año, según informó La Tercera, los recursos del AFI –22 mil millones de pesos para ese año– se los llevaron en gran medida la Universidad de Chile (21%) y la Católica (18%).
“Si la PUC funciona como funciona hoy, también es porque el Estado de Chile la reconoce y la ha financiado fuertemente durante décadas, por lo que el compromiso debe ser mutuo”, dice el diputado y ex presidente de la FEUC Giorgio Jackson, quien señala que al “Estado le corresponde respetar su particularidad religiosa, pero, a la universidad, el respetar la convivencia en sociedad y, por consiguiente, no imponer de manera discriminatoria los límites de la investigación o la docencia, y estar dispuesta a que los dogmas de la fe sean cuestionados a través de la libre investigación y cátedra. Si no es ese el espíritu, lamentablemente dejaría de ser una institución al servicio de las ideas y en búsqueda de nuevo conocimiento, por lo que dejaría de ser universidad”.
Al diputado Gabriel Boric le parece “inaceptable que una universidad cuyo rector ha alegado cumplir una función pública se niegue a hacer cumplir la ley. Y es una universidad que recibe fondos públicos. Esto abre un debate súper serio acerca de cuál es el rol que cumplen universidades confesionales como la Universidad Católica. Estos sesgos ideológicos ponen en cuestión el rol público que juegan y los intereses que defienden”, señala Boric.
Para Atria, una tercera pregunta que surge en medio del debate es sobre las universidades públicas: “Si la Universidad Católica sostiene ciertas creencias sustantivas, la pregunta es cómo sostener estas creencias y estar abierta a la libre investigación. ¿Qué entiende la Universidad Católica que puede hacer si uno de sus investigadores llegara, por ejemplo, a la conclusión de que la personalidad humana comienza después de la concepción? Si la Universidad responde que en ese caso desvincularía al investigador, entonces es claro que ella misma reconocería que no está abierta a la libre investigación y, por consiguiente, que no se trata de una universidad pública. En rigor, que no se trata de una universidad”.
El vicerrector de Investigación de la PUC, Juan Larraín, dice que en la UC no existe restricción de temas para investigar en la medida que tengan por objetivo la búsqueda de la verdad y promover el desarrollo humano. “Al igual que en otras instituciones y en acuerdo con las buenas prácticas internacionales y los requerimientos de las agencias de financiamiento (por ejemplo, CONICYT) en nuestra universidad todos los proyectos de investigación deben ser revisados y aprobados por los Comités de Ética Científicos, los que buscan proteger a los sujetos y objetos de la investigación”, dice Larraín.
Los reglamentos internos de la Universidad Católica son claros. Por ejemplo, en el artículo 36° del Reglamento del Académico se lee: “Los académicos tienen derecho a desarrollar sus actividades universitarias sin otras limitaciones que las impuestas por la moral cristiana, la legislación vigente y las normas de convivencia universitaria, y las de orden académico y administrativo que establezcan los Reglamentos de la Universidad”.
El reglamento para quienes realizan doctorados, también es claro. En el artículo 33º, por ejemplo, se lee que “los alumnos deberán actuar respetando la Declaración de Principios, los Estatutos Generales, otros Estatutos y Reglamentos y las normas generales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Constitución Ex Corde Ecclesiae. Las conductas contrarias a esta normativa conducirán a la iniciación de un procedimiento y a la aplicación de las sanciones contenidas en el Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la comunidad universitaria. Las infracciones podrán ser de carácter académicas o disciplinarias”.
El artículo 10 de los Estatutos de la PUC señala que “los recintos de la Universidad no podrán ser destinados ni utilizados para actos tendientes a realizar o propagar actividades perturbadoras para las labores universitarias y contrarias a los principios de la Iglesia o de la Universidad”.
A pesar de la defensa que el vicerrector académico de la PUC hace de las investigaciones en esa casa de estudios, hay un antecedente que ha pasado a la historia. A mediados de los años 90, Horacio Croxatto, reconocido fisiólogo y experto en medicina reproductiva, debió dejar su cargo de profesor titular en la Universidad Católica porque no les gustó lo que consideraron una postura pro aborto de su parte. Según ha relatado a la prensa, la reacción de la PUC vino después que él escribiera una carta a El Mercurio, respondiendo a una idea del senador UDI Hernán Larraín, quien proponía aumentar de 5 a 10 años de cárcel la pena para una mujer que abortara. “Esa era una atrocidad y una falta de sentido común y social, porque para evitar los abortos no hay que subir las penas, sino darle más acceso a la gente a los anticonceptivos y más educación en temas de sexualidad. Además, hicimos notar a los parlamentarios que era una injusticia social tremenda, porque las mujeres que irían a parar a la cárcel iban a ser las pobres, porque las que se hacen abortos en buenas condiciones, nunca van a un hospital y nadie las va a delatar”, explicó tiempo después en el semanario The Clinic.
En esa entrevista, Croxatto también explicó los efectos en las autoridades de la PUC: “La reacción que vino de la jerarquía de la Iglesia y del representante del Vaticano fue decirle a la Universidad Católica que no podían tener entre sus profesores a un abortista. Y eso que partimos la carta diciendo que no éramos partidarios del aborto. En ese tiempo llevaba casi 30 años en la Católica. Me llamó Juan de Dios Vial, que había sido profesor mío y nos apreciábamos mucho. Fue una cosa dolorosa, difícil. Me dijo: ‘No me queda otra que renuncies a tu condición de profesor titular’. Me explicó que la presión venía de arriba, del Vaticano. Era lo único que él podía hacer”, contó Croxatto, quien también reconoció en esa misma nota que posteriormente lo recontrataron, aunque por un sueldo muy inferior y no por tiempo completo, sino que por 12 horas. “Sentí que me liberaban de un compromiso con la universidad. Porque hasta ese momento yo siempre había mantenido un perfil muy bajo. Nunca había dado una entrevista a la prensa ni nada. Y mis publicaciones eran todas en revistas extranjeras, de modo de causarle la menor molestia a la universidad por lo que había pasado”, contó también el médico.
“Horacio firmó la carta y le pidieron que renunciara porque no podía haber una persona en la universidad que opinara de esa manera. Incluso hubo investigadores que encontraban que era injusto y enviaron cartas a la Rectoría”, recuerda Soledad Díaz, quien es actualmente presidenta de Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), que fundó junto a Croxatto el año 1985. La investigadora también recuerda que, desde el año 1973, un tema en específico dejó de ser investigado para siempre por la Universidad. “Ese año la universidad decidió que no se debían hacer más investigaciones sobre anticoncepción, porque iba en contra de las normas pontificias. Eso es hasta ahora y la universidad nunca ha vuelto a tocar ese tema. Para la investigación hay una restricción con temas que se consideran ilícitos desde el punto de vista Pontificio”, cuenta Díaz, quien –por este mismo motivo– renunció a la PUC a fines de los 90.
Sobre este tema, el vicerrector de investigación de la UC dice que es “de interés de la universidad realizar investigación sobre los mecanismos de una droga anticonceptiva en animales, la cual puede entregar información científica muy valiosa sobre los eventuales riesgos de su uso”.
