Establecimientos concentran al 7% con mayor poder económico
Como extremadamente grave que se deje un sector intocable, que seguirá lucrando, seleccionando y educando a una elite que terminará tomando las decisiones del país, califican desde la academia y el movimiento estudiantil el que no haya cambios al modelo de educación particular pagada.
Desde el movimiento estudiantil y académico se levantan voces cuestionando que los colegios particulares pagados, que representan el 7% de la matrícula escolar, no sean tocados en el proyecto de ley que pone fin al financiamiento compartido, a la selección y al lucro en establecimientos que usan recursos públicos.
Felipe Salazar, investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, sostiene que sería mucho mejor para la sociedad tener un sistema totalmente integrado en la medida de lo posible. “El problema no es que mantenga un gueto de gente rica, sino que ese mismo grupo es el que se traspasa la administración de empresas y puede destinar recursos para influir en los políticos o financiar su participación en la vida pública y, por esa esa vía, termina tomando decisiones de una realidad que no necesariamente conoce”.
Cree que, si bien se los pudo incluir en la reforma, pensar en un cambio “de la noche a la mañana” es carecer de sentido de la realidad. Plantea que los cambios llegarán en un futuro por la presión de la sociedad, de los apoderados que tendrán a sus hijos en colegios a los que entrarán en forma aleatoria, sin diferencias por copago, y verán en los establecimientos privados un nicho de alumnos que obtiene mejores resultados. “Van a querer irse a esos colegios y no van a poder. ¿Cómo un gobierno va a poder justificar un 7% de educación diferenciada?”.
[cita]Claudia Sanhueza, quien integró la comisión de educación en el comando de Michelle Bachelet, aseguró a El Mostrador que en un principio existía una propuesta para tener programas de integración para niños con capacidades diferentes en los establecimientos privados. “Inclusión en todo el sistema educativo. Esa era la lógica, y ese es el pilar del fin de la segregación”, dijo en una entrevista publicada en abril, antes del envío del proyecto al Congreso. Planteaba que el fin del financiamiento compartido con recursos públicos apunta a esa dirección, “entonces debería ir avanzando en ir incorporando a toda esa elite privilegiada para que esos colegios estén disponibles para cualquier niño”. La propuesta, finalmente, no fue incluida.[/cita]
La vocera de la Confech y presidenta de la FEUC, Naschla Aburman, quien ha sido una de las más activas en este punto, sostiene que “nos parece extremadamente grave que esta reforma deje un sector intocable, porque la elite de nuestro país va a seguir reproduciéndose en la burbuja de los colegios pagados”.
Dice que las reglas del juego debieran ser iguales para todos. “¿De qué reforma hablamos si vamos a mantener a un sector blindado de esos cambios? No son solamente los particulares pagados, también los liceos emblemáticos que van a seleccionar (a partir del 20% de los mejores alumnos de las escuelas)”. Alega que el movimiento estudiantil que propició los cambios no ha sido parte de su construcción “y como no tuvimos un espacio no sabemos por qué se hizo lo que se hizo”.
La estudiante de Arquitectura y Pedagogía de la UC afirma que no se puede hablar de una reforma realmente estructural que modifique el paradigma de la educación “si los cambios van a ser para unos y no para todos”.
El coordinador de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Tomás Leighton, alumno de 4° Medio de La Girouette, sostiene que el gobierno, al no incorporar a los colegios privados, está perpetuando una lógica de segregación y de desigualdad en el país. “Allí estudia la elite económica del país y pareciera haber un resguardo para que esa elite no pierda ese poder. Desde la Cones creemos que debiera haber una regulación sobre los colegios privados para que diversifiquen sus aulas, porque entendemos que las escuelas deben ser para todos; no deben reducirse a representar quintiles económicos”.
La propuesta de la Cones es que los particulares pagados sea vean obligados a contar con un porcentaje de matrícula –un piso de 20 o 30%– para aquellos no pueden pagar y así lograr una “democracia real” en las salas de clases.
“Que no se toque a los particulares pagados expresa que hay un resguardo a la elite económica del país. Son grupos minoritarios en Chile que están intentando imponerse a la mayoría y no tenemos claro dónde terminan. Esperamos ver señales claras del gobierno que nos indiquen que no son parte de esa minoría”.
Para Melissa Sepúlveda, presidenta de la Fech, “es gravísimo que existan colegios que son burbujas de elite, nos afecta a todos, porque se reproduce el mismo sistema de apartheid donde los ricos se educan con los ricos y los pobres con los pobres”.
La alumna de Medicina plantea que, si la educación es un derecho social, no puede haber espacio para el negocio. “El gobierno no lo erradica, sólo lo regula y permite el lucro para un 7%; que un pequeño grupo se eduque como quiera y pueda seguir con un modelo de enseñanza que no es de inclusión, profundiza la brecha de los estudiantes según sus capacidades económicas”. Por eso, plantea que debe existir una buena alternativa de colegio público donde se puedan encontrar estudiantes de distintas realidades, “porque la educación no puede restringirse a contenidos, sino a entender la realidad, a tener un sentido crítico”.
Los guetos –dice– son una realidad que se reproduce desde el colegio hasta la universidad. “Son alumnos que pasan de colegios de elite a carreras de elite como Medicina, Ingeniería Civil y Comercial en las universidades públicas como la Chile”.
Para el doctor en Ciencias Políticas y académico del Instituto de Filosofía de la U. de Los Andes, Daniel Mansuy, el proyecto no hará más que aumentar la segregación, porque habrá colegios subvencionados que no querrán convertirse en fundaciones sin fines de lucro y optarán por transformarse en particulares pagados. “Lo paradójico –o irritante, según se prefiera– es que los colegios donde estudian los hijos de quienes han pensado esta reforma pueden lucrar, seleccionar, cobrar y, por cierto, tienen plena libertad para desarrollar sus proyectos educativos. Este paternalismo hipócrita y desatado nos acerca a la peor versión de la izquierda, que proclama e impone a los otros una moral que no está dispuesta a practicar: la ingeniería social siempre es fácil de realizar cuando los niños son ajenos, nivelar hacia abajo nunca es complicado si los hijos son de otros”, escribió en una columna publicada este miércoles en La Tercera.
Sin embargo, Claudia Sanhueza, quien integró la comisión de educación en el comando de Michelle Bachelet, aseguró a El Mostrador que en un principio existía una propuesta para tener programas de integración para niños con capacidades diferentes en los establecimientos privados. “Inclusión en todo el sistema educativo. Esa era la lógica, y ese es el pilar del fin de la segregación”, dijo en una entrevista publicada en abril, antes del envío del proyecto al Congreso. Planteaba que el fin del financiamiento compartido con recursos públicos apunta a esa dirección, “entonces debería ir avanzando en ir incorporando a toda esa elite privilegiada para que esos colegios estén disponibles para cualquier niño”. La propuesta, finalmente, no fue incluida.
La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Lorenza Soto, plantea que “ningún gobierno quiere a meterse con el empresariado, el dinero mueve más que muchas cosas, está moviendo a todo el sistema, en especial a la educación; el proyecto habla de remunerar de manera justa a los sostenedores y no de condonar los créditos a los estudiantes endeudados”.
La alumna del Manuel de Salas, el único liceo fiscal de Chile, que depende a la U. de Chile y cuesta unos $200 mil mensuales, afirma que la petición principal de la Aces es que todos los establecimientos –privados y subvencionados– pasen al Estado. “Cuando hablamos del fin al lucro dejamos a un lado a los colegios particulares pagados, que siguen reproduciendo las desigualdades del país. Si no hay un modelo real de inclusión que plantee una buena alternativa de educación pública, donde se puedan encontrar estudiantes de distintas realidades, se mantiene un sistema en el que los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres».
