Recientemente, activistas chilenos protestaron airadamente contra el nombramiento de James Sinclair como embajador de Chile, a pesar de que aún no ha presentado sus credenciales en Camberra.
Las heridas dejadas por Augusto Pinochet aún duelen entre parte de la comunidad chilena en Australia, donde la fiscalía sopesa la extradición de una excolaboradora del dictador chileno acusada del secuestro y asesinato de un líder comunista en 1977.
Los casi 25.000 chilenos que viven en Australia representan la comunidad de habla hispana más numerosa del país oceánico y una gran parte de ellos llegó durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), incluida la actual Presidenta, Michelle Bachelet, aunque ella sólo se quedó un breve período en la década de 1970.
A más de 40 años del golpe, muchos activistas latinoamericanos residentes en suelo australiano participan en movimientos que piden justicia por los crímenes de la dictadura, especialmente los exiliados chilenos.
A muchas de las víctimas de torturas y persecuciones de las dictaduras latinoamericanas les indigna la sola idea de saber que conviven con sus represores en el país oceánico.
Uno de éstos es Adriana Rivas, residente en la ciudad de Sídney y quien espera que el Ejecutivo de Camberra se pronuncie sobre la petición de extradición de Chile para ser juzgada por el secuestro, desaparición y muerte de un líder comunista en 1977, entre otros casos.
Pero al parecer Rivas no sería la única persona que reside en Australia implicada en crímenes cometidos durante el régimen de Pinochet, comentó Luis Riquelme, representante de la Coalición Nacional de Solidaridad con Chile en Australia.
«Nos parece preocupante que Australia haya recibido a gente que ha cometido crímenes durante la dictadura. Creemos que hay al menos siete. Estamos haciendo todo por confirmarlo», acotó Riquelme, quien no descartó que éstos lleguen a varios cientos.
El otrora primer ministro de Australia Gough Whitlam (1972-75) llegó a confirmar la cooperación de los servicios secretos australianos con la CIA estadounidense en la caída del Gobierno de Salvador Allende, derrocado en el golpe de Pinochet.
«Ha sido escrito, y no puedo negarlo, que cuando asumí el Gobierno, el personal de la Inteligencia australiana estaba trabajando como delegados de la CIA en la desestabilización del Gobierno de Chile», afirmó en su día Whitlam.
Recientemente, activistas chilenos protestaron airadamente contra el nombramiento de James Sinclair como embajador de Chile, a pesar de que aún no ha presentado sus credenciales en Camberra.
El malestar se ha generado por la supuesta participación de Sinclair en la destrucción de archivos secretos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), organismo responsable de numerosos casos de represión, asesinatos, secuestro y tortura.
«Su designación causa gran preocupación entre los chilenos y latinoamericanos porque aparentemente estuvo involucrado con la CNI, uno de los organismos más feroces que operó Pinochet», dijo a Efe Antonio Castillo, director del programa de Periodismo de la Universidad RMIT.
El académico chileno calificó el nombramiento como un «horror» de Bachelet, aunque admitió de que si bien «hiere las sensibilidades de aquellos que sufrieron durante la dictadura», no afectará las relaciones entre Camberra y Santiago.
No todos los sectores de la comunidad chilena en Australia coinciden repudian a Sinclair, algunos ignoran la medida o consideran que es mejor mirar hacia el futuro para fortalecer las relaciones entre Camberra y Santiago, como el empresario Eduardo Donoso.
«Es importante tener una representación que refleje el valor de las relaciones de intercambio entre ambos países», dijo a Efe Donoso, expresidente de la Cámara de Comercio Australia-Chile.
El empresario destacó que Sinclair «no es culpable hasta que se pruebe lo contrario» y opinó que la presidenta Bachelet «no ha podido tomar una decisión tan liviana con su nombramiento».
A pocos días de la llegada del nuevo embajador, los activistas chilenos, que antes protestaron durante la visita en 2012 del entonces presidente Sebastián Piñera o la del buque-escuela chileno Esmeralda, se preparan para extender sus acciones con ayuda de los sindicatos y la oposición, que ya llevó al Parlamento el caso de la extradición de Rivas.
