El Premio Nacional de Historia insiste en que los propios mapuches colaboraron con la venta de tierras y le parece injusto que las sigan reclamando.
El historiador criticó duramente los planes políticos de la Presidenta Bachelet de entregar tierras al pueblo mapuche. Este martes señaló a La Tercera: “Llama la atención que la Presidenta y el intendente Huenchumilla sean quienes encabecen estas decisiones. Ninguno de los dos conoce la historia de La Araucanía. Los araucanos, pues no sólo hablamos de mapuche, colaboraron en su colonización y la venta de sus tierras. Eso está avalado por la historia”.
Según Villalobos, dentro de los araucanos había un grupo que los españoles llamaban los “indios amigos”, con los que mantenían buenas relaciones y asegura que fueron ellos quienes les vendieron sus tierras y provocaron una autoenajenación. “Que sigan reclamando a pesar de los años me parece francamente insólito. Esta postura actual no es más que un acto demagógico y poco respetuoso con la historia”, añadió.
Recordó que durante la Pacificación y la Conquista hubo reservas de terrenos destinados para la vida y el cultivo, que los “araucanos” desaprovecharon. “En el gobierno de Salvador Allende además, se entregaron tierras por concurso y se pudo probar que los terrenos estaban perdidos: miles de hectáreas mal administradas. Los araucanos no pueden esperar que el Estado les regale cosas en vez de ganárselas con trabajo y esfuerzo como el resto. El mal del pueblo mapuche es creer en la caridad pública y que se puede vivir a costa de ella”, enfatizó.
Sin embargo, a diferencia de lo que se puede pensar, el Premio Nacional de Historia dijo estar de acuerdo en que el Estado ceda tierras, pero respetando las leyes vigentes, la propiedad privada y el Estado de derecho. También dijo desconocer el caso boliviano, en que se le otorgó soberanía territorial y cultural a los pueblos indígenas: “Son contextos distintos, allá existe una gran cantidad de población indígena, acá no. Además no es sólo soberanía, aquí lo quieren todo, o casi. Si el Estado decide ceder tierras, que lo haga, pero al menos se tome el trabajo de fiscalizar que sean trabajadas y que signifiquen un aporte al desarrollo económico”.
