La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia en contra de un grupo de empleados públicos involucrados en el caso MOP-Gate. Dentro de ellos, el ex jefe de esa cartera durante el gobierno de Ricardo Lagos, quien aseguró que recurrirá «a una instancia superior del sistema judicial» para revisar la resolución.
Defraudaciones al fisco por más de mil millones de pesos por sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y la triangulación de dineros para el pago de sobresueldos. Se trata de la investigación del caso MOP-Gate, por el que este martes el ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, fue condenado a tres años de presidio y al pago de una multa de casi 800 millones de pesos.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia condenatoria en contra de un grupo de empleados públicos, y revocó la absolución dictada en favor de varios empresarios ligados a compañías consultoras, en el marco de la arista principal de este caso.
El ex titular de la cartera de obras públicas entre los años 2000 y 2002, Carlos Cruz, es socio de la consultora Imaginacción, una de las empresas de lobby más influyentes del país y que pertenece a Enrique Correa. Este holding tiene fuertes influencias en La Moneda.
En tanto, en una declaración pública, el ex ministro alegó su inocencia. «El fallo divulgado en el transcurso del día de hoy se refiere, en lo fundamental, sólo a cuestionamientos en los procedimientos que se siguieron para pagar compromisos propios de las actividades que en ese momento se llevaban a cabo en las reparticiones a mi cargo. Por lo anterior, me mueve la convicción de inocencia y por ello, en las próximas horas recurriré a través de mis abogados, a la Corte Suprema para revisar la sentencia en una instancia superior del sistema judicial», aseguró Cruz.
Tras conocerse el fallo, el senador de la UDI, Víctor Pérez, señaló que «los tribunales han confirmado que altos personeros de los gobiernos de la Concertación defraudaron al fisco entre los años 1997 y 2001, y que nuestras denuncias tenían fundamento».
El parlamentario lamentó que acusados no paguen con cárcel efectiva, «pero sí tendrán que pagar al Estado parte de lo defraudado, y vamos a velar por que esta condena se cumpla íntegramente».
Asimismo, sostuvo que «en el caso MOP-Gate quedó en evidencia toda una maquinaria y procedimientos para defraudar al Estado en beneficio de funcionarios públicos, quienes recibían sobresueldos».
Esta práctica, aseveró, «la denunciamos con mucha fuerza en su momento y hoy los tribunales nos dan la razón con una sentencia condenatoria a todos quienes tuvieron participación en este actuar ilícito».
Junto con lo anterior, dijo que «sin duda que este caso marcará para siempre la historia política del país, ya que a partir de él se establecieron nuevas normas de probidad para evitar que situaciones como ésta se vuelvan a repetir».
