Comunidad y Justicia apeló a la Ley Antidiscriminación, argumentando haber sido discriminada al no ser recibida por parte del organismo internacional que recomendó a Chile despenalizar el aborto en menores de 18 años «como un tema de salud fisiológica y mental».
La ONG «pro vida» Comunidad y Justicia presentó este lunes en tribunales una demanda en contra del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica de la ONU. La organización, que apeló a la Ley Antidiscriminación, argumentó haber sido discriminada al no ser recibida para dialogar por parte del organismo internacional que recomendó a Chile despenalizar el aborto en menores de 18 años, «como un tema de salud fisiológica y mental».
A través de un comunicado, Comunidad y Justicia aseguró que durante la visita de la entidad a Chile llegó a solicitar una cita con ésta «hasta en cuatro ocasiones», según informó Radio Cooperativa en su portal.
«No obstante, en ningún momento se les atendió ni se justificó el motivo de su exclusión. Jamás fueron recibidos ni escuchados por el organismo, a diferencia de otras organizaciones, como por ejemplo, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh)», criticaron.
De esta forma, la ONG presentó la medida preparatoria contra la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, al considerar que se les ha «discriminado y afectado en sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, libertad de opinión y de petición, de manera arbitraria por el organismo internacional».
La entidad que lucha en contra de la legalización del aborto sostuvo que el grupo de trabajo de la ONU tenía el deber de escuchar las distintas opiniones provenientes de la sociedad civil antes de emitir su informe. «Pero durante su visita a nuestro país el grupo de trabajo no se reunió ni con Comunidad y Justicia ni con ninguna organización de la sociedad civil que pueda ser percibida como pro vida», afirmaron.
«Esta actitud nos parece una conducta absolutamente reprochable, discriminatoria y excluyente, que demuestra un sesgo ideológico que excede las atribuciones del organismo internacional», señaló Pablo Urquízar, director legislativo de Comunidad y Justicia.
