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Montes explica presiones empresariales en el Congreso y dice que hubo parlamentarios «que no tenían siquiera pudor» Por lobby de compañías a ley de multicarrier

Montes explica presiones empresariales en el Congreso y dice que hubo parlamentarios «que no tenían siquiera pudor»

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El diputado y timonel de la UDI, Ernesto Silva, se mostró a favor de los aportes empresariales y reservados, reconociendo que a nivel parlamentario el financiamiento empresarial ha estado «principalmente focalizado a la centroderecha».


El senador socialista Carlos Montes explicó las presiones que hicieron diversas empresas cuando se discutieron leyes en el Congreso, afirmando que algunas llegaban con indicaciones y con membretes, documentos que eran entregados por parlamentarios que «no tenían ni siquiera pudor».

En declaraciones a La Tercera, Montes señala que «cuando se discutió la Ley de Pesa, la presión y el condicionamiento fueron fuertes. Cuando se discutió el multicarrier llegaban empresas con las indicaciones y con membretes, y había parlamentarios que no tenían siquiera pudor y las entregaban con el nombre de la empresa».

Las declaraciones del senador del PS las hizo en el marco de un seminario realizado en la Fundación Chile 21 sobre financiamiento de campañas, luego que la Fiscalía de Alta Complejidad investiga a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Empresas Penta, por delito tributario y que tendría una arista que involucraría a políticos, principalmente de la UDI.

En el mismo seminario, el diputado independiente Vlado Mirosevic señaló que «muchas corporaciones e industrias lo que han hecho es comprar información en el Congreso por la vía de financiar campañas».

Otro de los que participó en dicho encuentro fue el diputado y timonel de la UDI, Ernesto Silva, quien se mostró a favor de los aportes empresariales y reservados, reconociendo que a nivel parlamentario el financiamiento empresarial ha estado «principalmente focalizado a la centroderecha».

A su vez, el ex vocero del primer gobierno de Bachelet, Francisco Vidal, sostuvo que le enrostró la delicada situación que atraviesa su partido en el denominado caso «Pentagate», indicándole que «creo que estás muy complicado como presidente de la UDI (…) si se llegara a confirmar la falsedad ideológica de las boletas para el financiamiento, es esencial el aporte de ustedes a la transparencia».

La investigación que lleva el fiscal Carlos Guajardo por delito tributario contra Delano y Eugenio Lavín tendría una nueva hebra que involucraría a políticos de la UDI como es el caso del ex abanderado presidencial y ex candidato a senador Laurence Golborne; la senadora Ena von Baer; el senador Iván Moreira; el ex aspirante al Senado Pablo Zalaquett y el ex candidato presidencial Andrés Velasco, este último el único político que no está ligado al gremialismo.

Gobierno y oposición se abren a buscar soluciones al financiamiento de la política

Tras conocerse el posible desvío de fondos para campañas políticas, el Gobierno y la oposición se mostraron dispuestos a agilizar la modernización de la actual legislación sobre el financiamiento de la política, especialmente las campañas.

Lo sucedido con políticos de la UDI ha cobrado relevancia el protocolo de acuerdo que fue suscrito hace algunos días entre el Ejecutivo y diputados de distintos sectores, el cual propone discutir el financiamiento público de los partidos y campañas, buscando de esta forma una mayor transparencia en la actividad.

Según señala el diario, el documento se divide en tres materias: ley de partidos políticos, voto ciudadano y ampliación de la democracia y propaganda y transparencia del gasto electoral.

En el texto se establece el compromiso a estudiar un nuevo régimen en materia de donaciones a campañas como también el de analizar la prohibición de financiamiento extranjero a las mismas.

Otro punto es que se propone la discusión sobre la prohibición de donaciones anónimas y el financiamiento de empresas a las campañas, como también el fortalecimiento de las facultades de control, fiscalización y sanción por parte del Servel y la justicia electoral, en materia de gasto electoral.

 

 

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