El senador sostuvo que el timonel de la CPC deberá entregarlos al fiscal Carlos Guajardo y dijo que «la UDI no puede guardar silencio. Esta relación obscena de la política y el dinero debe terminar».
El senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, salió al paso de las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, quien señaló el día de ayer en el programa ‘Estado Nacional’, de TVN, que ‘hay un desfile de políticos por las empresas para que les donen dinero’.
«Andrés Santa Cruz, presidente CPC, deberá entregar al fiscal Carlos Guajardo los nombres que maneja de quienes desfilan para solicitar donaciones de dinero de forma irregular, puesto que estamos frente a un eventual delito», sostuvo el parlamentario.
Agregando que «hay que diferenciar entre los obscenos aportes a las campañas, que por lo demás tienen nombre y apellido y están publicados en la página del Servel, de las solicitudes de financiamiento irregulares que hacen ‘por el lado’ tanto senadores y diputados».
En ese sentido, el legislador oficialista aclaró que «estamos hablando de los otros aportes, esas boletas que se emitieron a Penta de familiares o asesores por trabajos no realizados o aportes que simplemente no quedan registrados y que en definitiva, sirven para financiar campañas políticas. Santa Cruz debe entregar a la justicia toda la información que maneja sobre esos eventuales delitos».
«Por ello –anunció– solicitaremos al fiscal a cargo del caso Penta, Carlos Guajardo, cite a declarar al presidente de la CPC, dada la información que posee Santa Cruz y que puede contribuir a la investigación, así como aclarar donaciones ilegales».
«Las afirmaciones del presidente de la CPC pueden sonar soberbias, pero nadie puede cuestionar la veracidad de sus palabras; por tanto, nadie puede dejar pasar esta afirmación sin pasar a la acción», recalcó Navarro.
Según el timonel del MAS, se requiere una Ley de Financiamiento y Fiscalización de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales, que sea «debatida de forma conjunta y paralela con la Ley del Binominal, no puede ser de otra manera».
«El solo reemplazo del sistema electoral no basta para que nuestra democracia obtenga una mejoría realmente sustantiva. Para que esto suceda necesariamente debemos limitar la injerencia del poder económico en la política”, dijo Navarro, recordando que «cuando se discutió el año 2004 una ley de financiamiento electoral, hubo un acuerdo entre José Miguel Insulza y Pablo Longueira para crear por primera vez en Chile un sistema de financiamiento público a campañas políticas. Es la criatura que nos sigue hoy y que advertimos en esa oportunidad sus falencias».
«En esa oportunidad presenté una indicación, que firmó también el entonces diputado Montes, que establecía se suprimieran los aportes secretos y que perdiera el cargo el parlamentario que gastará más recursos del máximo establecido por ley”, comentó el legislador.
«Fue entonces cuando Longueira exigió el retiro de la indicación porque la UDI no apoyaba el acuerdo. Se paralizó la discusión y la indicación la retiramos a petición de Insulza, con el compromiso de poner esta materia en una ley distinta. Fue así como ingresé un proyecto de ley cuando era diputado, el que jamás fue tratado. Fue posteriormente, en el año 2012, que junto al senador José Antonio Gómez presentamos un proyecto de ley que elimina los aportes secretos a las campañas, el que aún no se pone en tabla en la Comisión de Constitución y Justicia”.
A juicio del senador, «la UDI no puede guardar silencio. Esta relación obscena de la política y el dinero debe terminar. Desde que empezaron a operar este tipo de donaciones, la Alianza y la Concertación han recibido más de 35 mil millones de pesos para solventar sus elecciones parlamentarias bajo esta fórmula. Sólo RN y la UDI en conjunto se llevan 73% de las donaciones”.
«Por ejemplo, la senadora de mi circunscripción Jacqueline van Rysselberghe, recibió más de 278 millones de pesos en donaciones secretas. Es legítimo que la ciudadanía sepa si esos dineros provienen de Penta, es decir , de las AFP, isapres, bancos, seguros, universidades privadas que ellos manejan, pues esto afecta claramente sus intereses en su calidad de legisladora», hizo hincapié.
«Veo muy difícil no votar la indicación de los diputados Jackson y Mirosevic que se puso en la Cámara Diputados, si no hay un compromiso de ley de financiamiento electoral con discusión inmediata», concluyó.
