El presidente del consejo directivo del Servel aseguró que el organismo podría, eventualmente, fiscalizar «si tuviera las facultades» para hacerlo. Por ejemplo, dijo, para fiscalizaciones aleatorias en terreno.
El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, planteó a comienzos de septiembre a la Presidenta Michelle Bachelet la necesidad de modificar los aportes reservados y las facultades del servicio para investigar y fiscalizar casos como el que surgió a raíz de los aportes del Grupo Penta.
En entrevista con La Tercera, Santamaría aseguró que «no hay hechos que le permitan al Servicio Electoral ingresar y hacer una investigación» respecto del caso «Pentagate»
«Nos enteramos por la prensa. Son hechos que ocurrieron al margen del proceso electoral. Ahora, si tuvieron incidencia o no en el proceso electoral ese es un tema que tiene que determinar la fiscalía e Impuestos Internos, y en ese evento si consideramos que hay una situación probada, donde efectivamente hay fondos o financiamiento irregular de campaña podríamos operar de oficio, pero en este momento no existe eso. Ahora, si en algún minuto se comprobara que hubo un aporte a campañas, ahí podríamos evaluar la situación. Si es así, quiere decir que no se declararon todos los ingresos y tenemos que ver si se excedió o no el gasto, si estaba dentro del gasto permitido. Eso es lo único que nos habilitaría a establecer sanciones que, en este caso, son solamente multas», explicó.
En las planillas originales que se revisaron, aclaró, «aparecía todo dentro del monto que tenían derecho de estar. Aparecían los gastos. No tenemos facultades para investigar si hubo un gasto mayor».
Consultado sobre qué sucedería si la Fiscalía o el SII piden el detalle de los aportes reservados para candidatos, Santamaría precisó que «tenemos la obligación del secreto bancario, nos obliga la Ley General de Bancos. Sí podemos revelar las cifras de los aportes y eso no es inconveniente, pero no los donantes ni los candidatos beneficiados».
Eso sí, dijo, «eventualmente, de la misma forma en que se puede romper el secreto bancario. La fiscalía con sus facultades de investigación, ante eventuales delitos o irregularidades, podría ejercer sus derechos».
«Creemos que ahí, y lo hemos planteado desde la recuperación de la democracia, además están los reclamos de vecinos, de que no es posible que los candidatos gasten tanto, que empiecen la propaganda antes del período, que gastan mucho más de lo que declaran y todo ese tipo de temas podríamos, eventualmente, fiscalizarlo en la medida que tuviéramos facultades, por ejemplo, para fiscaliza-ciones aleatorias en terreno», hizo hincapié.
«Lo que no queremos como consejo es que llegue una nueva elección y estemos de nuevo discutiendo lo mismo que llevamos discutiendo desde el año 89. Por eso le planteamos al ministro del Interior y a la Presidenta, la necesidad de estudiar una reforma mayor, que incluya los temas conflictivos, la propaganda antes de tiempo, que se modifiquen los aportes reservados, las facultades del servicio para investigar y fiscalizar y todo lo que significa la relación dinero y política», concluyó.
